Autoridades de Gobernación anunciaron en febrero pasado la disolución de la Dipafront, por supuestos actos de corrupción.
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Tal como se había anunciado, el Gobierno hizo cambios en las atribuciones de las fuerzas de seguridad, tras denuncias de presunta corrupción, específicamente, contra la División de Puertos, Aeropuertos y Puestos fronterizos (Dipafront) de la Policía Nacional Civil (PNC).
Para el efecto, emitió el Acuerdo Gubernativo 37-2024, mediante el cual se modifican las funciones de los viceministerios de Seguridad y Antinarcóticos de la cartera del Interior.
A este último se le deja ahora como responsable de los planes y operativos para cumplir las órdenes judiciales, "derivadas de la persecución penal de delitos relacionados con el narcotráfico, terrorismo, lavado de dinero, migración ilegal e irregular, contrabando aduanero y que atenten contra la seguridad fronteriza".
Para el cumplimiento de esas y otras atribuciones, se faculta a esa entidad, que constituye el quinto viceministerio de Gobernación, a efectuar las coordinaciones necesarias con otras unidades y dependencias de la cartera.
Así se lee en la mencionada normativa, la cual fue publicada el viernes 15 de marzo en el diario oficial y está firmada por el presidente Bernardo Arévalo y el titular del Ministerio de Gobernación (Mingob), Francisco Jiménez.
Disolución de la Dipafront
Con esta medida, el Mingob avanzaría en su plan para disolver la Dipafront, la cual ha sido objeto de múltiples denuncias por actos de corrupción, como la exigencia de pagos ilegales a migrantes e irregularidades en el manejo de contenedores que son supervisados en su ingreso al país.
A mediados de febrero, durante una citación en el Congreso, Jiménez informó sobre el inicio de un proceso para eliminar esa unidad, como parte de las acciones para fortalecer a la PNC y hacer un tipo de "limpieza".
Añadió que las acciones de seguridad en puertos, aeropuertos y puestos fronterizos, incluido el combate al contrabando, quedaría en manos de agentes antinarcóticos, lo cual se confirma con la publicación del mencionado acuerdo.
Investigación penal
Tras darse a conocer el asunto, el Ministerio Público (MP) informó que comenzó una investigación de oficio y que asignó el caso a la Fiscalía contra la Corrupción.
Esto podría llevar a agentes y hasta mandos de esa división, que tiene en sus filas a unos mil efectivos, a enfrentar a la justicia, pues los señalamientos han llegado hasta presunto chantaje y abuso sexual contra migrantes.
El viceministro de Antinarcóticos, Werner Ovalle, fue el primero en dar a conocer estos hallazgos e indicó que hay pesquisas a lo interno de la PNC, a cargo de la Inspectoría General.
Entre los hechos que se han denunciado destacan cobros de hasta 60 dólares (unos Q469) a ciudadanos de otros países para dejarlos permanecer en Guatemala. También se ha reportado la solicitud de hasta mil quetzales para evitar la inspección de contenedores en puntos fronterizos.
