Una a una salieron las bolitas. Descarto que algún legislador o diputada se haya despertado el martes 28 de agosto con la ilusión de formar parte de la comisión pesquisidora que decidirá si recomienda (o no) retirarle la inmunidad al presidente Jimmy Morales.
Semejante responsabilidad, en este momento político, equivale a mucho más que una brasa caliente. Brasa caliente que cayó, cuando dejó de girar la tómbola, en manos de cuatro representantes de tres partidos políticos cuestionados por el MP y la CICIG por financiamiento electoral ilícito: Encuentro por Guatemala, la UNE y el oficialista FCN-Nación.
El proceso apenas empieza. El presidente de la pesquisidora, Luis Fernando Montenegro, adelantó que la comisión trabajará “de forma abierta y transparente” sin que ello implique reunirse los domingos, como sí lo hizo la comisión que, el año pasado, recomendó retirarle la inmunidad a Morales, sin que el pleno aceptara su sugerencia. Y aquí estamos, menos de un año después, en un absoluto “déja-vu”.
A estas alturas, los guatemaltecos nos conocemos el procedimiento casi de memoria.
La comisión recaba la información. La estudia. Convoca a todas las partes involucradas. Jimmy Morales envía a sus abogados para representarlo. Los pesquisidores revisan la prueba. Y después, elevan o bajan el pulgar, cual emperadores romanos o página de Facebook.
Aunque este país raya en lo surrealista y todo cabe dentro de las posibilidades (hasta lo más inverosímil), es poco probable que los pesquisidores concluyan con que la solicitud de retirarle la inmunidad al presidente es espuria. La razón más evidente es pública: las entidades e individuos detrás del financiamiento electoral ilícito admitieron ya su responsabilidad. Dictaminar que no hay justificaciones para investigar al mandatario sería, en términos coloquiales, el equivalente a tapar el sol con un dedo. O, para ser exactos, al cinismo más osado.
Ahora bien, salvo cataclismo cósmico, la cosa quedará ahí. En el Congreso no hay iniciativa que en este momento logre reunir 105 votos. Ni para bien, ni para mal. Ni para ir con la razón o contra ella.
Poco importa que el presidente intente relativizar su situación con un comunicado en que amablemente nos recuerda a todos que la suya fue “la campaña más austera de la historia”. Así, como si violar la ley fuese menos malo cuando se transgrede poquito.
Es el "déja-vu". En 2018 parecemos condenados a que no pase nada. Lo cual equivale, en términos prácticos, a retroceder.
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