Asesorado por quienes, sin duda, son sus peores enemigos, el presidente Jimmy Morales agudizó la crisis en la que estamos inmersos desde hace más de un año, al no renovarle el mandato a la CICIG y vedar el ingreso al país de Iván Velásquez.
Pero mientras la canciller Sandra Jovel despotrica contra cuanto funcionario internacional se atreva a desafiar la “soberanía”, (en tanto mil 128 niños guatemaltecos siguen separados de sus padres, asunto que debería de ocupar alguna parte de su tiempo), ciertos argumentos esgrimidos en contra del trabajo de la Comisión se caen por sí solos.
Para empezar, los procesos judiciales sí avanzan.
Douglas Charchal, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, se declaró culpable del delito de tráfico de influencias. El 26 de septiembre se conocerá la sentencia del caso IGSS-Pisa IGSS-Chiquimula. Las declaraciones de Aneliese Herrera y de Juan Arturo Jegerlehner confirman las acusaciones vertidas en contra de Alejandro Sinibaldi y revelan más detalles sobre los multimillonarios desfalcos del ex funcionario. La captura de 16 personas en Quetzaltenango, entre quienes figura el ex alcalde Jorge Rolando Barrientos, ratifican lo señalado por investigaciones periodísticas que detallaron, contratos en mano, pagos de hasta 40 por ciento de comisiones a cambio de construir obra pública en el suroccidente.
Nadie en su sano juicio quiere que la CICIG sea eterna. Y nadie puede proclamar que es perfecta. Pero si el 70 por ciento de la población (según dos encuestas independientes y serias, hechas por entidades distintas) quiere que siga operando y si la agenda de esta semana se ha visto paralizada por varios colectivos dispuestos a salir a las calles para que permanezca, el mandatario debería, como mínimo, reconsiderar su decisión.
Esto, si y solo si, no existen otras razones detrás de su decisión.
La gente está cansada de la corrupción. Mucho más en los departamentos que en el área metropolitana. ¿O alguien olvida que 46.5 por ciento de niños guatemaltecos vive con desnutrición crónica o que la red vial está hecha trizas, con las implicaciones económicas que ello tiene para las comunidades que viven fuera de la capital?
Un amigo que se quedó varado en Cuatro Caminos cuando la Alcaldía Indígena de Sololá tomó el paso, contaba cuán claros eran los argumentos de quienes protestaban: “Ya no queremos más mentiras ni que nos sigan robando. No podemos aceptar que acabe la lucha contra quienes nos han dejado sin carreteras y sin oportunidades”, dijeron. Nada de gritos ni vuvuzuelas ni camiones repartiendo comida. Pancartas claras, mensaje contundente.
Toda crisis abre la puerta a la oportunidad. Y esta no es la excepción. El presidente Morales está a tiempo de dar marcha atrás, escuchar a los 7 de cada 10 guatemaltecos que no pretendemos tirar todo por la borda. Que proponga cómo ponernos de acuerdo. ¿Quiere una CICIG reformada? Diga cómo, pero utilice argumentos, no mentiras ni verdades a medias.
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