Cuando el personal que realizó una auditoría interna a las aduanas de Puerto Quetzal en Escuintla interpusó una denuncia ante el Ministerio Público por la desaparición de varios contenedores nunca imaginó que el caso alcanzaría al presidente y vicepresidenta, Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, hasta llevarlos la cárcel.
La denuncia presentada por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) en 2012 relataba que del puerto en el Pacífico guatemalteco salieron, al menos, 50 contenedores más de los registrados, sin pagar ningún impuesto.
Los vistas de aduanas aliados con los agentes de seguridad del puerto dejaban pasar los camiones a cambio de un soborno. A este proceso se le llama "fly".
Junto a la denuncia la SAT presentó videos y documentos que eran suficiente prueba para iniciar un proceso judicial. El caso llegó al Juzgado de Primera Instancia Penal de Escuintla y se llamó "Furgones".
Por este caso se capturaron a 12 empleados de la SAT y personal de seguridad del puerto que fueron acusados por defraudación aduanera, incumplimiento de deberes y cohecho.
Según la investigación del MP la estructura logró defraudar 6 millones 200 mil quetzales en ocho meses. Por cada contenedor que pasaba sin registro los empleados cobraban 80 mil quetzales y se repartían el dinero entre los trabajadores del turno.
Pero llegó "La Línea"
El caso "Furgones" era manejado por la Fiscalía de Delitos Económicos. Ellos dieron seguimiento a uno de los furgones y con la ayuda de un colaborador eficaz intervinieron un teléfono.
Ese teléfono era del empresario coreano, Erick Miao Miao, quien se comunicó con varias personas que mencionaron un nuevo sistema de cobro de sobornos en las aduanas.
"La Línea llegó para ordenar la corrupción", dijo uno de los fiscales involucrados en el caso que prefirió no ser identificado.
A partir de eso el caso fue tomado por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) a cargo de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) . La prueba definitiva llega el 5 de mayo de 2014 cuando Julio Aldana Sosa, un agente bancario, se comunica con Miao Miao y menciona más detalles sobre la estructura.
A raíz de esa llamada la FECI amplía la intervención de llamadas hasta llegar al Superintendente de Administración Tributaria, Carlos Muñoz. Las llamadas de Aldana Sosa fueron clave para descifrar la estructura.
Todos los que fueron clientes de la red "Furgones" se hicieron clientes de "La Línea" porque era la única forma que tenían de evitar los trámites de la aduana y pagar menos impuestos.
El caso "Furgones" no llegó a los altos mandos del país pero "La Línea" ha provocado la acusación de más de 50 personas incluyendo a superintendentes de Administración Tributaria y a los mandos más altos del país.
