Migración informó sobre el viaje de tres magistrados del TSE fuera del país.
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Tras perder su derecho de antejuicio, con el cual se da vía libre al Ministerio Público para que se les investigue por diferentes delitos, tres magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) dejaron el país.
El Instituto Guatemalteco de Migración confirmó que se trata de Ranulfo Rojas, Gabriel Aguilera y Mynor Franco. Aunque no se precisó su destino y la hora en la que salieron del territorio nacional, se dio a conocer que viajaron este vienes 1 de diciembre.
Tal información trasciende poco después de que la presidenta del TSE, Blanca Alfaro, brindó una conferencia de prensa, en la cual indicó que los mencionados magistrados e Irma Palencia, quien también perdió la inmunidad, siguen en sus cargos.
Sin embargo, indicó que justamente Palencia y Rojas solicitaron una licencia para ausentarse de sus labores. No descartó que Aguilera y Franco también pidan un permiso o gozar de vacaciones.
Impacto para el TSE
Sobre las implicaciones de que los citados integrantes del pleno del TSE hayan sido desaforados. Alfaro manifestó que "hay un claro debilitamiento de la institución", la cual, aseguró, también se vio afectada con el presupuesto que aprobó el Legislativo para el próximo año.
"El país está pasando por una polarización y una confrontación política; tenemos una crisis, y esto no nos ayuda a salir de ella", manifestó.
Asimismo, indicó que, en este momento, el Tribunal está integrado por ella y tres suplentes, pero que Palencia, Rojas, Aguilera y Franco siguen en su puesto, "solo están gozando de permisos a los cuales tienen derecho".
Así los despojaron del antejuicio
Con el voto favorable de 108 diputados, el Congreso retiró el derecho de antejuicio a cuatro magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral (TSE), minutos antes de la medianoche del jueves 30 de noviembre.
Esta decisión faculta al Ministerio Público (MP) para investigar, como a cualquier ciudadano, a Irma Palencia, Ranulfo Rojas, Gabriel Aguilera y Mynor Franco, a quienes se señala de anomalías en la adquisición del sistema que se usó en las pasadas votaciones.
De acuerdo con la Fiscalía de Delitos Administrativos, los magistrados pudieron incurrir en fraude, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad, por una presunta sobrevaloración del TREP, entre otras irregularidades.
