La Sala Tercera de la Corte de Apelaciones resolvió no retirar la inmunidad al alcalde de la ciudad, Álvaro Arzú, contra quien el Ministerio Público (MP) presentó un antejuicio por indicios de peculado y financiamiento electoral ilícito en el caso Caja de Pandora.
Los magistrados de dicha sala citaron a Arzú, sus abogados, fiscales y mandatarios de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) para dar a conocer el fallo. El jefe edil no se hizo presente y en su lugar fue representado por Francisco Gallardo y Julio Luna.
La fiscal general Thelma Aldana declaró horas antes de conocer la resolución que el antejuicio está bien fundamentado y anunció que impugnaría ante la Corte de Constitucionalidad la decisión de la Sala Tercera.
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La resolución
El fallo de la Sala Tercera ocurrió por mayoría. Los magistrados a favor fueron Jaime González y Beyla Estrada, mientras que Zonia Santizo Corleto razonó su voto al no estar de acuerdo y considerar que existen motivos para retirar la inmunidad a Arzú.
Estrada fue la encargada de dar lectura a la resolución, en la que mencionó que el antejuicio es "espurio" y hay "inconsistencia" en la información que proporcionó el MP.
Con relación a las tres plazas fantasma que se menciona fueron autorizadas por Arzú, la Sala Tercera resolvió que no se comprobó que las personas no se presentaran a trabajar y que la declaración de la colaboradora eficaz, Alejandra Sarai Reyes, no es verídica.
El caso
El 5 de octubre de 2017, en conferencia de prensa, el MP y la CICIG dieron a conocer detalles del caso Caja de Pandora. Al alcalde Arzú se le involucra por supuestamente autorizar plazas fantasma en la Municipalidad para la esposa de Obdulio Villanueva y la ahora viuda de Byron Lima, ambos hombres sentenciados por el asesinato de Juan José Gerardi.
Respecto al supuesto financiamiento electoral, el MP describe que la Municipalidad contrató los servicios de Byron Lima a través de la cooperativa Torre Fuerte para comprar diversos bienes y servicios que sirvieron para la campaña electoral del partido Unionista y los aliados que postularon a Arzú como candidato a alcalde en la campaña de 2015.
La fiscalía ha informado que para ocultar los pagos se alteraron documentos contables.
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