Cuatro días después de que presentó una acción de amparo por presuntos ataques y vulneraciones contra el trabajo del MP, la Fiscal General recibió un revés por parte de la CC.
EN CONTEXTO: Los mensajes en redes sociales que originaron el amparo de Consuelo Porras
La Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió este lunes 28 de agosto rechazar el amparo provisional solicitado por la Fiscal General, Consuelo Porras, por presuntos actos que vulneran el mandato constitucional del Ministerio Público (MP).
Los magistrados tenían programada una sesión plenaria para las 10:30 horas de este lunes, con el fin de conocer los informes circunstanciados solicitados a la Presidencia de la República, Ministerio de Gobernación (Mingob), Policía Nacional Civil (PNC) y al mismo MP.
Tras analizar los documentos y el planteamiento hecho por Porras, el pleno determinó denegar la acción legal. En la resolución se informa que se concederá audiencia tanto la Fiscal General como los terceros interesados en el caso en las próximas 48 horas.
¿Qué pedía Consuelo Porras?
En un expediente que consta de 90 folios, la jefa del MP expuso ante la CC una serie de peticiones para que se garantice la "autonomía e independencia" de esa institución. El documentó llegó a la Corte la noche del jueves 24 de agosto.
Porras consideró que diversas publicaciones hechas recientemente en las redes sociales atentaban contra el cumplimiento del mandato constitucional del ente a su cargo. Ante ello, pidió a la CC que ordenara la actuación del presidente Alejandro Giammattei, Mingob y PNC.
Según planteó en el escrito, las convocatorias para manifestar y pedir su renuncia, así como la del titular de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, y la agente fiscal Cinthia Monterroso, violentan también sus derechos.
En el expediente, se incluyeron los nombres de siete usuarios de X (antes Twitter) a quienes se señala de motivar la renuncia de funcionarios legalmente nombrados "sin que exista asidero legal que lo fundamente".
Sin medidas cautelares
Por eso, otro de los requerimientos de la fiscal general era que se conminara "al procurador de los Derechos Humanos a efecto de que solicite medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)" en favor suyo, de Curruchiche y Monterroso. Sin embargo, tras el rechazo del amparo, esto no procedería.
