Mediante una nueva ley se busca agilizar la adquisición de bienes y servicios para atender emergencias, sin declarar estado de calamidad.
OTRAS NOTICIAS: ¿Por qué hay plástico en el kilómetro 44 de la autopista a Palín? Esto dice el CIV
Establecer un mecanismo para que el Estado pueda brindar una respuesta inmediata ante emergencias, urgencias e imprevistos de diversa índole, es el objetivo de una ley que se impulsa en el Congreso.
De acuerdo con el diputad Julio Héctor Estrada, para el efecto, se aplicaría un procedimiento de compras directas por excepción que facultaría a los entes gubernamentales a adquirir los insumos o servicios indispensables para atender, por ejemplo, daños a infraestructura vial, en un corto plazo.
El proyecto indica que este mecanismo se usaría en situaciones que no impliquen la declaratoria de un estado de calamidad pública u otro.
Asimismo, declara de interés nacional la necesidad de dotar al Estado de las herramientas para "asegurar la continuidad de servicios esenciales y minimizar los impactos negativos derivados de crisis repentinas o eventos imprevistos que puedan afectar gravemente a la población".
Las adquisiciones
Si la norma se aprobara, existirían diferentes medios para la autorización de las compras por excepción.
Cuando el monto a invertir no excediera los Q900,000 se avalaría por la autoridad máxima de la dependencia o entidad pública que requiriese la obra, pudiendo ser un ministerio o municipalidad, entre otras.
Entretanto, si el gasto previsto fuera mayor a esa cifra, la autorización variaría, según el organismo, de la siguiente manera:
- Al Ejecutivo lo avalaría el Consejo de Ministros
- El Legislativo requeriría el aval de la Junta Directiva
- En el caso del Organismo Judicial, la autorización la brindaría el órgano superior de administración
- Para las municipalidades, la aprobación la haría el concejo
En cuanto a las entidades descentralizadas, podrían solicitar la aprobación por conducto de los miembros de su autoridad superior colegiada, al organismo que corresponda.
En esos casos "la autoridad responsable indicará las obras, bienes, servicios o suministros urgentes que puedan adquirirse, determinando el monto y plazo para efectuarlas", se lee en la propuesta.
También indica que la Contraloría General de Cuentas tendría que fiscalizar "de manera concurrente la adquisición o adquisiciones que se lleven a cabo con base en el presente caso de excepción".
Registro de proveedores
Otro aspecto al cual se refiere la iniciativa es a que los proveedores precalificados podrían solicitar un registro específico que les permita participar en los eventos para atender emergencias, urgencias o imprevistos.
Para ello tendrían que acreditar que cuentan con la capacidad de brindar una respuesta rápida a la situación y contar con disponibilidad inmediata.
Según Estrada, al contar con esta normativa se podrían solucionar ágilmente hechos como los suscitados cuando vehículos de carga pesada chocan contra estructuras y las dejan inservibles.
Añadió que esto también aplicaría a casos que ocurren en los hospitales, que requieren reparaciones inmediatas o la red vial, por mencionar algunos.
