Los diputados tienen cinco meses de estar discutiendo las reformas constitucionales. Sin embargo, lo que pudiera salir del Congreso poco se parecerá a la propuesta presentada por los presidentes de los tres organismos del Estado.
El parlamentario Fernando Linares Beltranena, el principal opositor a los cambios, considera que las modificaciones pueden generar confusión entre los ciudadanos durante la consulta popular, por lo que a su parecer no se deben aprobar. Además, él considera que esto generaría un ahorro de 300 millones de quetzales para el país.
Hasta el momento han sido presentadas 71 enmiendas para intentar modificar los 25 artículos incluidos en la propuesta original y cada semana esta cifra se incrementa.
Los tres temas más polémicos hasta el momento no han avanzado: la regulación del derecho de antejuicio fue rechazada, el reconocimiento del derecho indígena fue pospuesto y la creación del Consejo Nacional de Justicia ha generado discusión, pero aún no ha llegado a votación.
Otro de los puntos que genera discusión, a pesar de que se abordará dentro de varias semanas, es la forma de elegir al fiscal general. Algunos diputados pretenden que no se deje fuera del proceso a las universidades, por lo que preparan varias reformas al respecto.
Varios jefes de bloque sostienen que aún no hay suficientes votos para que se apruebe este punto, por lo que la sesión de la próxima semana podría terminar sin avances.
El jefe del bloque Alianza Ciudadana, Francisco Tambriz, ha pedido en repetidas ocasiones que ya no se efectúen las sesiones por los escasos resultados. Sin embargo, varios legisladores que prefieren el anonimato dicen que por temor no sacan de agenda la propuesta.
Mientras en el hemiciclo algunos defienden las enmiendas, otros se oponen abiertamente y algunos más la bloquean con su inasistencia; en redes sociales existen campañas en contra y a favor de los cambios a la Carta Magna.
El analista Renzo Rosal considera que las reformas han traspasado las paredes del Congreso y se han se han convertido en un debate entre impunidad y transformación de la justicia. Sin embargo, reconoce que si la aprobación continúa al mismo ritmo, las propuestas quedarán varadas.
En las últimas semanas las diferencias han pasado de internet al palco del Legislativo. Este miércoles un grupo encabezado por la excandidata presidencial Zury Ríos mostró su rechazo a las modificaciones comparándolas con el sistema de justicia de Venezuela; mientras que organizaciones sociales que han defendido los cambios desde el inicio le exigieron a los parlamentarios que los aprueben.