La Corte Suprema de Justicia ascendió de puesto de secretaria de juzgado de Ejecución a jueza de Paz Penal a Mirna Yarakia Ovando Arias señalada de colaborar con al menos siete reos que se fugaron con órdenes de libertad falsas.
El caso lo investiga la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y surgió cuando se conoció de la evasión del narcotraficante mexicano Ramón Antonio Yañez Ochoa el 20 de octubre de 2017.
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Yañez Ochoa salió de la cárcel Pavoncito sin usar la violencia. Presentó al Sistema Penitenciario (SP) la boleta de libertad girada por el juzgado de ejecución de donde la ahora jueza de paz Mirna Ovando era la secretaria judicial con acceso único a las órdenes de libertad.
El ascenso
La CSJ y el Consejo de la Carrera Judicial guardan hermetismo en relación al nombramiento de Mirna Ovando como jueza de Paz Penal de Escuintla. En la oficina de Recursos Humanos aún no aparece registrado el cambio.
Una fuente judicial confirmó a Soy502 que el pasado seis de febrero se realizó la notificación del puesto. El mismo día que el Juzgado Sexto de Primera Instancia Penal la citó para audiencia de primera declaración por asociación ilícita y cooperación para la evasión en el llamado “caso Fugas”.
De acuerdo a los indicios de la fiscalía, Ovando como secretaria judicial del Juzgado de Ejecución tenía dentro de sus funciones el resguardo de las órdenes de libertad.
Al menos siete de esos documentos se utilizaron para que privados de libertad con sentencias por lavado de dinero, narcotráfico y homicidio salieran libres.
Los fugados
Entre diciembre de 2016 y diciembre de 2017 pudieron salir libres dos colombianos, un mexicano, una ecuatoriana y tres guatemaltecos.
Los sentenciados por narcotráfico son Ramón Antonio Yañez Ochoa, sentenciado a 28 años de prisión; Luis Alejandro Orozco Vargas alias “Cochi”, sentenciado a 20 años por nexos con el cartel de Sinaloa.
También se encuentra Gregorio Luciano Miguel, integrante del grupo Los Zetas y sentenciado a 21 años.
Aquí puedes consultar la lista completa:
Otros implicados
En total cuatro trabajadores del Organismo Judicial están señalados de cooperar con la fuga de los siete reos.
Primero se giró la orden de captura en contra del oficial III Víctor Alejandro del Cid Monterroso, quien no regresó de sus vacaciones el 10 de enero de 2018 y se encuentra prófugo. Él es la persona que incluso falsificó firmas de jueces y resoluciones para obtener las órdenes de libertad con datos alterados.
También la jueza de ejecución Coralia Carmina Contreras Flores enfrenta un proceso de antejuicio que aún no ha terminado el trámite.
Y dos secretarias del juzgado de Ejecución Mirna Yarakia Ovando Arias, que fue nombrada jueza de Paz Penal en Escuintla y María Verónica Yacón Contreras.
Ovando siendo ahora jueza tiene derecho a antejuicio. La audiencia de primera declaración se programó para el seis de mayo.
En relación a los fugados el Ministerio Público pidió las órdenes de captura y en diferentes momentos han podido ser recapturados algunos como Luis Alejandro Orozco Vargas alias “Cochi”, Guiliano Michael Mori Díaz, Jessica Alexandra Magno Guerra.
Dos empleados del Registro Nacional de las Personas (Renap) también fueron capturadas recientemente por emitir documentos que facilitaron la fuga de algunos de los reos descritos.
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