En lo que va de investigación, la Audiencia Nacional ya ha dado orden a la Policía para que siga el rastro de al menos 10 millones de dólares en presuntas mordidas remitidas a través de entidades de medio mundo.
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La investigación sobre el pago de un soborno millonario de empresarios españoles en Guatemala para lograr una concesión, ha detectado correos electrónicos que arrojan luz sobre la implicación de Otto Pérez Molina en el cobro de mordidas, asegura una publicación del medio El Confidencial.
Los correos, que ya obran en poder de la Audiencia Nacional, van de marzo a diciembre de 2012. Son “coincidentes con las negociaciones con el intermediario de la vicepresidenta de Guatemala, su secretario Juan Carlos Monzón”, dice el auto judicial al que ha tenido acceso El Confidencial.
Se investiga a los empresarios navieros Ángel y Álvaro Pérez Maura junto a otros cinco directivos de su empresa. Consta que ofrecieron 30 millones de dólares por hacerse con un proyecto de construcción de una terminal de contenedores en un puerto de Guatemala.
“Es importante que se transmita el mensaje de respetar los compromisos para no dejar heridos peligrosos en el camino”, recoge una de las comunicaciones intervenidas a los investigados que, una vez descubiertos, contrataron al comisario Villarejo para que los librase de la extradición.
El caso comenzó como parte de la investigación sobre Villarejo. Pactaron darle otros 10 millones en 2016 cuando todavía era comisario en activo para que moviera sus hilos.
Esta es la pieza separada Pit, en la que el polémico mando usó como reclamo el nombre del exjuez Baltasar Garzón. En las agendas de Villarejo hay anotaciones que aumentan las sospechas sobre el papel que jugó la actual pareja de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado. Hace semanas, el juez Manuel García-Castellón asumió también la parte que afecta a la corrupción en Centroamérica.
El primer correo data del 29 de marzo de 2012. Ángel Pérez Maura se lo mandó a un miembro del consejo de administración de su empresa. Le explicaba el proceso que en aquella fecha se estaba gestionando en Guatemala en relación con el proyecto de Puerto Quetzal. El siguiente intercambio se produjo el 24 de agosto, bajo el título: “Breve resumen Guatemala”.
De nuevo, Ángel Pérez Maura daba indicaciones a sus directivos sobre “el estado del proceso de negociación en Guatemala, con información sobre los pagos”. “Juanjo y Mauricio se quedan un par de días más para rematar temas del contrato, en especial lo relativo al pago variable, intentando que quede de manera que no sea discutible y que nos dé tranquilidad para los próximos 25 años”, decía el correo.
El 21 de noviembre de 2012, aparece otro correo que los investigadores creen relevante porque "el investigado Ángel Pérez Maura comunica a la cúpula de su empresa la postura de la vicepresidenta, que le es comunicada a través de su secretario". Se queja de que les pide seis millones más (hasta 30), en dos pagos y que exige imponer el constructor. Para el empresario español es “una alternativa absolutamente inaceptable”.
El análisis que hacen los investigadores de esos correos es que los empresarios españoles “siguen adelante con la estrategia” de hablar con el embajador de España en Guatemala, realizar una campaña en medios para aparentar normalidad en el ámbito público y tratar de que uno de sus contactos “hable directamente con el presidente Pérez Molina”. Es en este punto cuando hacen alusión a medir bien sus pasos.
"Es importante que se transmita el mensaje de respetar los compromisos para no dejar heridos peligrosos en el camino. Según Medina, los compromisos existentes son con Guillermo, Allan, Bill, G. Mtnez y él mismo. Nadie más…".
El último correo aludido por el juez en su auto es del 13 de diciembre de 2012. Lo recibió Ángel Pérez Maura García y contiene “detalladas explicaciones de las reuniones del primero con Juan Carlos Monzón en las que se abordaban cuestiones como los problemas con los sindicatos portuarios, la postura de la vicepresidenta del Gobierno en relación con las comisiones, y el método y el calendario de los pagos para materializarlas”.
En lo que va de investigación, la Audiencia Nacional ya ha dado orden a la Policía para que siga el rastro de al menos 10 millones de dólares en presuntas mordidas remitidas a través de entidades de medio mundo.
Además, ha acordado la emisión de una orden europea de investigación para requerir al banco Toduka Bank, de Bulgaria, información relativa a una cuenta en la que habría recibido pagos un detenido en Guatemala con el fin de comprar su silencio sobre el naviero Ángel Pérez Maura.
*Tomado de El Confidencial
