Autoridades del actual gobierno han hecho hallazgos en el Aeropuerto La Aurora, que van más allá del mal estado de las instalaciones.
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Las nuevas autoridades de Aeronáutica Civil y el Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA) siguen buscando soluciones para mejorar las condiciones de la terminal aérea, y en ese proceso han encontrado diversas irregularidades.
Además de los contratos anómalos para la colocación de gradas y elevadores eléctricos, así como las múltiples fallas en las instalaciones, recientemente se dio a conocer que hay gran cantidad de espacios arrendados, por los que no se ha recibido un pago durante años.
El tema se abordó durante una citación con el diputado Cristian Álvarez, del bloque Compromiso, Renovación y Orden (CREO), y trascendió que la deuda supera los Q74 millones, y podría elevarse, ya que continúan las verificaciones.
Sin embargo, el caso que sobresale es el de la empresa Media Airport System, S. A., a la cual se le otorgaron 100 espacios para la colocación de publicidad en distintos puntos del Aeropuerto y cuya deuda es cercana a los Q27 millones.
Un contrato cuestionado
La empresa tiene un contrato de exclusividad por las áreas asignadas, que serían las de mayor alcance por la cantidad de pasajeros que verían sus anuncios. El convenio data de 2007 y, aunque se dio por terminado mediante un acuerdo ministerial en 2016, hay un proceso judicial que lo mantiene vigente.
Según el área jurídica de la terminal aérea, en 2019, un Juzgado de lo Contencioso Administrativo emitió un fallo que impide desalojar a la compañía, lo cual hace que la deuda siga creciendo.
El contrato tiene una vigencia de 10 años y una cobertura de 10 mil metros cuadrados dentro de las instalaciones del aeropuerto internacional.
Empero, existe una cláusula que indica que el tiempo de vigencia comienza a correr desde la instalación del último mueble para colocar publicidad. Debido a que la compañía no ha terminado con ello, el plazo todavía no corre.
Ese fue el argumento de la firma para accionar legalmente y lo cual mantiene atadas de manos a las autoridades, pues no pueden aplicarle ningún procedimiento administrativo.
En seguimiento al caso, Álvarez se reunió con la directora interina de Aeronáutica Civil, Azucena Zelaya, quien confirmó el estatus de la deuda en mención.
Algunos nunca han pagado
Aunque sí tiene la deuda más grande, ese no es el único caso descubierto por las autoridades.
Son cerca de 60 las empresas que firmaron contratos de alquiler de hangares, locales comerciales, parqueos y áreas para publicidad, a quienes no se les ha cobrado. Aunque algunas ya desalojaron, hay otras que siguen usando los espacios, sin cancelar la cuota correspondiente.
En un informe que se presentó al legislador se indica que en algunos casos el último pago se percibió en 2008, es decir, hace 16 años. En otros, nunca hubo acreditación de fondos por el arrendamiento.
¿Cómo procederán?
Representantes del área jurídica del AILA indicaron que se está trabajando en la integración de todas las deudas, para determinar la ruta a seguir. Esto incluye la conformación de una mesa técnica, en la cual se analizarán todos los hallazgos.
"Estamos verificando con quiénes podría establecerse algún convenio de pago, pues debe agotarse la vía administrativa", indicaron las autoridades.
Asimismo, manifestaron que, de no obtener una respuesta favorable mediante ese mecanismo de cobro, se buscará el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación (PGN), para accionar de otra manera.
Un tarifario con 22 años de vigencia
Uno de los temas criticados por el parlamentario es que haya deudas tan grandes y por lapsos tan prolongados, cuando los precios que están establecidos en ley para el arrendamiento en el AILA "son bajos".
Estos están normados en el Acuerdo Gubernativo 939-2002, emitido hace 22 años y establece, por ejemplo, un pago de Q100 por metro cuadrado para tiendas comerciales y Q50 para puertos libres.
En cuanto a los hangares, el cobro es menor de Q4 por metro cuadrado, por lo que "un parqueo para una moto es más caro", según Álvarez.
El congresista solicitó a las autoridades hacer una revisión de los montos que aparecen en el tarifario y realizar una actualización. Aunque hizo ver que tendría que tratarse de un tema consensuado, para evitar abusos.