El senador por Florida, Marco Rubio, se ha convertido en el nuevo aliado de la corrupción en Guatemala después de que anunciara este fin de semana que ponía en suspenso los fondos que Estados Unidos asignó para la Comisión contra la Impunidad (CICIG) y que corresponden a 6 millones de dólares que no se desembolsaron en 2017.
En un artículo publicado por The New York Times, la decisión de Rubio se relaciona con el caso de la familia Bitkov y acusa a la comisión de estar manipulada por una campaña rusa.
"Me preocupa que CICIG, una comisión financiada principalmente por EE. UU., haya sido manipulada y utilizada por elementos radicales y la campaña de Rusia contra la familia Bitkov en Guatemala", comentó.
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Rubio también anunció que la suspensión de los fondos continuará hasta que se aclare el papel en el "maltrato a la familia Bitkov".
Senadores y congresistas estadounidenses valoran a Guatemala como aliado de Estados Unidos y reconocen voluntad del presidente @jimmymoralesgt en la lucha contra la corrupción pic.twitter.com/orHSKzlYDG
— Gobierno Guatemala (@GuatemalaGob) 8 de febrero de 2018
A esta postura también se han sumado otros políticos estadounidenses que menciona el artículo. Es el caso de los senadores Roger F. Wicker y Mike Lee, de Mississippi y Utah respectivamente, y el congresista Christopher H. Smith de Nueva Jersey.
I am hopeful that the injustice against the Bitkov family is soon coming to an end. But this case is a chilling example of how, with the help of willing accomplices, the #Putin government can persecute people far from home. https://t.co/tkADCajkeD
— Marco Rubio (@marcorubio) 7 de mayo de 2018
El caso
La Corte de Constitucionalidad confirmó que debe repetirse la etapa en la que se ordenó que las tres personas de origen ruso enfrenten juicio.
Con esta nueva sentencia, el máximo tribunal del país revocó las condenas dictadas contra Igor, Irina y Anastasia Bitkov, así como todo lo actuado durante el debate celebrado por el Tribunal A de Mayor Riesgo.
En el caso de Igor, obtuvo la condena más grande, 19 años (cinco conmutables a 100 quetzales diarios), por usurpación y alteración del estado civil y el uso de documentos falsificados. Para Irina y Anastasia, las penas fueron de catorce años inconmutables por los últimos dos delitos.
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