Tras obtener el dictamen favorable, una iniciativa que plantea castigos más severos para la trata de personas está lista para su aprobación.
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Una propuesta que permitiría al Estado despojar de sus bienes a estructuras dedicadas a la trata de personas avanza en el proceso para convertirse en ley.
La Comisión de la Mujer del Congreso emitió el dictamen favorable a una iniciativa que norma el procedimiento de extinción de dominio por ese delito, el cual "atenta contra la indemnidad sexual de las víctimas".
Identificada con la nomenclatura 6011, el proyecto se presentó en el Legislativo en diciembre de 2021, pero fue hasta este año que se conoció en el pleno y se remitió a la citada sala para el respectivo análisis.
Tras concluir ese proceso, la diputada Carolina Orellana y otros de sus colegas consideraron que la ley es viable, por lo cual depende de la voluntad de los diputados para que cobre vida.
Los bienes que se podrían extiguir
De acuerdo con lo que plantea la propuesta, el Estado podría incautar y posteriormente someter a un proceso de extinción "todos los bienes, muebles e inmuebles, así como los derechos y acciones que se encuentren directa o indirectamente relacionados con la comisión del delito de trata de personas".
Esto incluiría dinero obtenido producto de la comisión del acto ilegal, así como las viviendas, vehículos o edificios utilizados en el delito; también alcanzaría los bienes o instrumentos usados para ocultar o encubrir el origen de los recursos ilícitos.
"La autoridad judicial competente, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar la incautación de los bienes señalados", reza el dictamen.
Delitos no prescribirían
Si la ley fuera aprobada por el Congreso, también se modificaría el Código Penal para que, sin importar cuando se hayan cometido delitos contra la indemnidad sexual, se puedan perseguir penalmente.
Esto aplicaría a las siguientes acciones ilícitas:
- violencia sexual
- explotación y trata de personas
- remuneración para la trata
