Desde 1982, hace 36 años, los mismos que duró el conflicto armado interno, no veíamos una imagen como la que Jimmy Morales se prestó a producir para difusión nacional.
Rodeado de la cúpula militar, el presidente tomó el micrófono para disparar un anuncio que por su sola composición, también proclama la amenaza del uso de la fuerza. Para hacer esa imagen más burda y literal, sólo les faltó meter un par de cañones a ese salón.
Creíamos que los días siniestros habían quedado atrás, pero no: vuelven como los zopilotes.
Vuelven con uniformes camuflados, con boinas rojas, con hombres que se paran detrás del mandatario en actitud cavernaria con anteojos oscuros aunque estén a la sombra, en un recinto sin luz natural.
Vuelven con carros artillados, donados por el gobierno de los Estados Unidos, que usaron para intimidar a la CICIG y a la propia Embajada, en un gesto tan insólito como insolente, porque no eran para eso los vehículos, sino para resguardar las fronteras de los narcos y los "coyotes".
Vuelven con detenciones arbitrarias en las calles, con registros en bares y cafés, con agentes "de la autoridad" que hablan en tono amenazante.
Vuelven con agentes de los servicios de inteligencia retratando a quienes manifiestan pacíficamente y anotan registros de vehículos.
La pregunta es ¿volverán con violencia política, con atentados selectivos? ¿Con acciones anunciadas para desconocer y patear las instituciones?
Hace once años, en agosto de 2007, el Congreso aprobó la creación de la CICIG. Lo hizo presionado, luego de que en febrero de ese mismo año, cuatro policías corruptos asesinaron a tres diputados salvadoreños del Parlacen porque según ellos llevaban un cargamento de dinero. Días más tarde, esos mismos policías fueron asesinados en la cárcel del Boquerón. La muerte de los diputados y sus verdugos se convirtió en un incidente diplomático, puso en evidencia la penetración de las mafias en el gobierno guatemalteco y terminó siendo el detonante que parió a la CICIG, una idea que se venía ventilando de tiempo atrás.
Muchos de los diputados que aprobaron a la CICIG en 2007, comenzando por Roxana Baldetti, lo hicieron confiando que ésta no podría jamás desarticular la red de mafias locales y su coraza de impunidad.
Se equivocaron. A partir de 2015, bajo la dirección de Iván Velásquez, quedó demostrado que la CICIG tenía las ganas y los dientes para investigar y procesar a esa apretada telaraña de organizaciones criminales que constituyen "el mecanismo" de la corrupción en Guatemala.
Todo fue celebración mientras las acusaciones se dirigían primordialmente en contra de los saqueadores más escandalosos y evidentes del presupuesto: la cúpula del gobierno Patriota. Pero a medida que la CICIG fue demostrando que aquello era todo un "sistema" con tentáculos profundos, se apagaron los aplausos de muchos.
Ahora, el retroceso anunciado ya en reiteradas ocasiones se consumó de manera vil. Fue una "juntita militar" la que le dio a Jimmy el guión de presidente y con ese se queda. Tal y como se lo reclamaron los pretorianos que lo manipulan, acusándolo de una cobardía que demostró al rodearse del alto mando armado, el presidente Morales dejó claro quién gobierna.
No es él, pero él es el responsable y como tal deberá responder más temprano que tarde por devolver al país a su época más aciaga.
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