El reciente informe de Human Rights Watch (HRW) resalta que el presidente Alejandro Giammattei contribuye al retroceso de la democracia de Guatemala.
OTRAS NOTICIAS: Así le recuerdan a Alejandro Giammattei su promesa de Cero Baches
Human Rights Watch (HRW) presentó su análisis anual sobre la situación de política de varios países. El reporte fue titulado "Eventos del 2022" y sobre Guatemala puntualizó que "el presidente Alejandro Giammattei y sus aliados profundizaron el retroceso democrático en Guatemala en un aparente esfuerzo por evitar la rendición de cuentas por la corrupción generalizada de alto nivel".
Con esa frase inicia el reporte sobre Guatemala y se refiere a la designación de dos figuras clave en 2022: la reelección de la Fiscal General, Consuelo Porras y la elección del Procurador de los Derechos Humanos, José Alejandro Córdova, cuyos procesos de selección, señala la entidad internacional, son "no justos ni transparentes". "En mayo, Giammattei volvió a nombrar a la fiscal general Consuelo Porras. Porras ha bloqueado investigaciones sobre corrupción y entablado procesos arbitrarios contra periodistas independientes, fiscales y jueces", se lee en el informe.
El análisis explica que, desde que Consuelo Porras ha estado al mando del Ministerio Público, se ha debilitado a la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), encargada de investigar la corrupción, y se ha paralizado el avance de los casos que había logrado investigar la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Esto dice HRW sobre Consuelo Porras
"El 16 de mayo, el presidente Giammattei nombró a Consuelo Porras fiscal general para un segundo mandato, luego de un proceso de selección empañado por varios intentos de las autoridades gubernamentales y otros de socavar la imparcialidad y la independencia del proceso", puntualiza el informe
"Durante sus primeros cuatro años en el cargo, Porras socavó las investigaciones sobre corrupción y abusos contra los derechos humanos. Trasladó, despidió o, en algunos casos, promovió procesos penales espurios contra jueces, fiscales y periodistas independientes", agregó.
También se hace referencia las acciones de Porras tomadas en contra la jueza Erika Aifán, quien presidió casos de corrupción de alto nivel que presuntamente involucraban al presidente Giammattei. Aifán tuvo que salir de Guatemala en marzo de 2022 y existen procesos penales en su contra.
De igual forma se menciona el caso de Virginia Laparra, fiscal anticorrupción, quien según HRW, fue encarcelada por motivos espurios. Se cita la destitución de ocho fiscales, incluida Hilda Pineda, quien en 2013 procesó al expresidente Efraín Ríos Montt por "genocidio" y "crímenes de lesa humanidad" en relación con su presunto papel en las masacres cometidas durante la década de 1980 en el país.
Así mismo, HRW recuerda que la Sociedad de las Américas y el Consejo de las Américas clasificaron a Guatemala en el puesto 13 entre 15 países latinoamericanos en su capacidad para detectar, castigar y prevenir la corrupción, experimentando la caída más pronunciada en el índice a partir de 2021.
En el informe también se resalta que, con base a años de investigaciones, se ha demostrado que empresarios han actuado en coordinación con funcionarios corruptos. El dinero obtenido a través de la corrupción y la actividad delictiva suele utilizarse para financiar campañas electorales.
Ante ello, la entidad señala que "las medidas adoptadas recientemente por el Congreso, la Fiscalía General y otras autoridades han impedido la rendición de cuentas por corrupción y abusos, socavado el estado de derecho y debilitado las garantías de los derechos humanos".
Otro aspecto que observa el reporte es que a septiembre 2022, el Congreso aún tenía que cumplir con un fallo de la Corte Constitucional de 2020 que le ordenaba nombrar jueces y magistrados para llenar los puestos vacantes en la Corte Suprema y las cortes de apelaciones para el período 2019-2024. El proceso de selección se ha visto empañado por demoras y denuncias de tráfico de influencias.
Otros detalles
HRW señala que el gobierno de Giammattei y Porras, en el MP, han creado un ambiente hostil para los periodistas independientes y los medios de comunicación, incluso con ataques verbales, restricciones a la prensa y procesos penales abusivos. Sobre este tema, se hace alusión a la captura del presidente de elPeriódico, José Rubén Zamora.
También se hace mención a las estadísticas que ofrece el Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos, el cual reportó más de 60 mil embarazos entre adolescentes y niñas hasta julio, incluyendo 1,323 en niñas entre 10 y 14 años. Con ello recuerda el controversial proyecto de ley relacionado al aborto, que el Congreso tuvo que archivar.
