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Estas son las propiedades que Otto Pérez se niega a perder

  • Por Soy502
19 de septiembre de 2016, 20:10

La defensa del expresidente Otto Pérez Molina logró este 19 de septiembre separar al titular del Juzgado de Extinción de Dominio, Marco Antonio Villeda, de los procesos que podrían empezar en contra de las propiedades del exgobernante.

La medida es uno de los recursos con los que los abogados, encabezados por el profesional del Derecho Brayan Palacios, buscan evitar el despojo de las propiedades de Pérez contra las que ya se ha solicitado el embargo.

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Entre estas propiedades vinculadas a Pérez que la Fiscalía ha identificado figura una finca en Los Amates, Izabal; otra en Zaragoza, Chimaltenango; una vivienda en la zona 15; y una casa vacacional en Santa Rosa, esta última que habría sido obsequiada al exgobernante por ministros, funcionarios y la exvicepresidenta Roxana Baldetti.

Así también, el Ministerio Público dio a conocer que Pérez contaba con un jet, cuyo valor supera los 12.2 millones de quetzales, y un helicóptero, con un costo de 25.1 millones de quetzales.

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Los "juguetes" del exgobernante eran encabezados por tres motos Harley Davidson (cada una de entre 79 mil 200 y 207 mil 900 quetzales), tres motos Can-am (de entre Q139 mil Q125 mil y Q248 mil 850) y un Jaguar de Q551 mil 210.02.

Algunos de los vehículos que ya le fueron embargados al exmandatario son una lancha blanca, marca Trophy; otra lancha del mismo color, Sea Ray; y un bote, marca Apex.

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El juez Villeda, quien fue separado de los procesos contra Pérez, autorizó en 2015, el embargo de cinco cuentas monetarias en quetzales que suman 5 millones 228 mil 360 quetzales y una más, con un saldo de 22 mil 723 dólares.

Al este dinero que fue rastreado en bancos del sistema, se suman cinco cuentas bancarias de la hija  del expresidente, Lisseth Pérez Leal y un pagaré cuya beneficiaria es la esposa Rosa Leal de Pérez, que fueron inmovilizados en febrero de 2016.

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Cabe destacar que, aunque la mayoría de las propiedades mencionadas ya cuentan con una medida precautoria, la Fiscalía aún no ha solicitado la extinción de estas. 

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