Thelma Aldana, jefa del Ministerio Público (MP), e Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) dieron a conocer el Caso Caja de Pandora, la cual inicia con la permisividad que se otorgó a Byron Lima para trasladar reclusos en el Sistema Penitenciario, y terminó con ramales hasta en la Municipalidad capitalina.
Alejandra Reyes, exconviviente de Byron Lima y madre de una de sus hijas, se convirtió en colaboradora eficaz del MP y otorgó detalles y su testimonio sobre los presuntos vínculos que tenía el fallecido con traslados ilegales en el Sistema Penitenciario.
De acuerdo con el MP y la CICIG, Mauricio López Bonilla, exministro del Gobierno del Partido Patriota, habría otorgado el control del Sistema Penitenciario (SP), sobre todo para los traslados de reclusos. Para ello, se facilitó el nombramiento de Luis Alberto González Reyes, como director del SP, quien habría autorizados todos los requerimientos de Lima Oliva.
Supuestamente, el recluso negociaba con otros privados de libertad los traslados de prisión, especialmente hacia Pavoncito, donde él cumplía su condena, a cambio de diferentes pagos, que variaban según el poder adquisitivo de cada persona.
El abogado Moisés Galindo se habría encargado de recibir esos pagos, que podían ser también de propiedades o vehículos, y los habría legalizado a nombre de la familia de Lima Oliva.
Con la Municipalidad
Tras esto, Alejandra Reyes, colaboradora eficaz, también aportó evidencias con las cuales vinculaba a Lima Oliva con la síndico primera de la Municipalidad de Guatemala, Luisa María Salas, y con la funcionaria de la comuna Zorayda Herinck, con quienes habría realizado diferentes negocios, los cuales habrían sido recibidos con facturas en blanco, que luego se llenarían con diferentes rubros.
Por ejemplo, los negocios se habrían hecho a través de la cooperativa Torre Fuerte, propiedad de Byron Lima y que empleaba a reclusos de Pavoncito. Esta cooperativa ofrecía servicios de serigrafía y de impresión de mantas, entre otros.
Además, siempre a través de Byron Lima, se habrían organizado talleres en la capital, los cuales eran aprovechados para afiliar personas para el Partido Unionista. En estos, se utilizaba material proselitista elaborado por Torre Fuerte.
Y todo esto luego se trasladaba a las cuentas de la Municipalidad de Guatemala y se habría pagado con fondos públicos municipales.
Asimismo, Reyes ofreció una carta, firmada por Byron Lima, dirigida aparentemente a Álvaro Arzú, a quien mencionaban con el pseudónimo de “Señor Oro”, para solicitarle Q727 mil, para pagar una operación, un auditor y honorarios de abogados.
Además, Alejandra Reyes explicó que había sido merecedora de una plaza fantasma, al igual que su madre, dentro de la Empresa Municipal de Tránsito (Emetra), y confesó que recibió un cheque (y posteriormente se le depositaba en el banco), sin siquiera llegar a trabajar.
También se dieron detalles que la viuda de Obdulio Villanueva, exguardespaldas de Arzú, tenía una plaza fantasma.
Consecuencias
De acuerdo con el Thelma Aldana, fiscal general del MP, se solicitaron catorce órdenes de captura, de las cuales se concretaron once. Además, se solicitará en horas de la tarde el antejuicio en contra del alcalde Álvaro Arzú, quien asistió a la conferencia del MP y CICIG y escuchó parte de la explicación del caso.
Entre los delitos que se les acusan, el abogado Moisés Galindo se le señala de lavado de dinero u otros activos, por haber blanqueado propiedades y vehículos provenientes de un pago ilícito. La funcionarias municipales, Luisa María Salas y Zorayda Herinck, por peculado, mientras que el alcalde Arzú corre la sospecha de haber incurrido en peculado y financiamiento electoral ilícito.
Alejandra Reyes se convirtió en colaboradora eficaz del caso y en estos momentos se encuentra fuera del país, como medida de protección.
El hermano de Byron Lima, Luis Lima Oliva, también fue capturado por supuestos vínculos con los negocios ilícitos de su pariente fallecido.
Tras la salida de Iván Velásquez y Thelma Aldana, el alcalde Álvaro Arzú ofreció declaraciones, argumentando que esta es una venganza política, ya que él evitó que el MP y la CICIG dieran un golpe de Estado a Jimmy Morales. Argumentó que él ni siquiera hizo campaña política, por lo que no podría incurrir en el financiamiento ilícito, y corroboró que ayudó a Byron Lima y a la viuda de Obdulio Villanueva, ya que habían sido miembros de su personal de seguridad, y consideró que se cometió una injusticia al tenerlos en la cárcel. Recordó la muerte violenta de Villanueva dentro de la cárcel y cuestionó al MP y la CICIG sobre por qué el Ministro de Gobernación no ha sido capturado por el asesinato de Byron Lima, ya que considera una falta grave que se haya ingresado un arsenal para la masacre en una cárcel del país.
