Una empresa, vinculada a un exdiputado condenado por plazas fantasma, ha recibido millones de quetzales en contratos para limpiar el Aeropuerto Internacional La Aurora.
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Baños sucios, destruidos, basura en el suelo, falta de jabón y hasta malos olores, han sido parte de las constantes quejas que turistas han realizado durante años sobre la limpieza en el Aeropuerto Internacional La Aurora, especialmente en los sanitarios.
El servicio lo presta desde hace más de dos años una empresa vinculada a un exdiputado sentenciado por corrupción y ahora las nuevas autoridades quedaron amarrados con un nuevo contrato millonario para que esta empresa siga prestando el servicio, al menos, por un año más.
En su última entrevista otorgada a Soy502, el exdirector de Aeronáutica Civil, Francis Argueta, reconoció que la limpieza era uno de los principales problemas cuando asumió el cargo hace más de seis años.
Según el exfuncionario, el servicio lo realizaba personal del Aeropuerto que tenía horarios de oficina. Es decir, entraban a las 8:00 y salían a las 17:00 horas, por lo que el resto del tiempo no había quién hiciera la limpieza, así que tomó la decisión de contratar a una empresa externa para que se encargara del tema.
La situación no se resolvió, pero el costo fue millonario. En tanto, los usuarios nacionales y turistas extranjeros nunca dejaron de mostrar su descontento con la precaria higiene en el Aeropuerto y han utilizado las redes sociales para mostrar con fotografías la situación.
El contrato millonario
El servicio de limpieza para el Aeropuerto Internacional La Aurora fue contratado por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) a través de una Licitación Pública en julio de 2023, aún bajo la dirección de Francis Argueta.
Tres empresas ofertaron. La más baja fue por 4.4 millones de quetzales, pero, en su lugar se eligió a la sociedad anónima con el precio más alto de casi 13 millones de quetzales (Q12,999,979.68).
Se trata de Cleanomatic de Guatemala, empresa que ha sido contratista del Estado desde 2007.
El vínculo con el exdiputado Edgar Cristiani
Esta empresa fue creada en 2007 con un capital de 100 mil quetzales para prestar los servicios de limpieza, mantenimiento, consejería, mensajería, jardinería, pintura, cernido y hasta importación exportación, compra y venta de equipo, así como arrendamiento y toda clase de actividades comerciales, industriales, agrícolas y ganaderas.
Los socios creadores de Cleanomatic de Guatemala fueron Mónica Danlhí Barrios Toledo, quien tenía una representación de 20 acciones y por el exdiputado del Partido Patriota (PP), Edgar Romeo Cristiani Calderón, con 180 acciones, según consta en el Acta de Constitución.
La empresa se inscribió como contratista del Estado y en 2007 recibió cuatro contratos del Estado por casi 3 millones de quetzales (Q2,992,980). Cuatro años después, el exdiputado Cristiani decidió vender su participación en dicha empresa, pese a que, según Guatecompras, era uno de los mejores años de la corporación ya que recibió más de 12 millones de quetzales (Q12,163,900) en adjudicaciones.
Según los documentos de la empresa, el excongresista vendió a tan sólo 18 mil quetzales la parte que le correspondía. Sin embargo, el comprador de las acciones fue su cuñado Jonathan Rafael Barrios Toledo, quien sigue desempeñándose como Representante Legal de la sociedad.
Luego de la salida de Cristiani, los contratos de Cleanomatic de Guatemala se incrementaron. De 2012 a 2015, período en el que gobernaba Otto Pérez Molina, con el Partido Patriota, partido político al que pertenecía Cristiani Calderón, la empresa obtuvo más de 59.9 millones de quetzales en contratos con el Estado.
Durante el mandato de Jimmy Morales, obtuvo contratos por más de 30.6 millones de quetzales en licitaciones y compras directas durante los cuatro años que duró el mandato. Finalmente, durante el Gobierno de Alejandro Giammattei, diferentes instituciones elevaron la suma de contratos hasta los 56.6 millones de quetzales durante esta administración.
Contrato bajo análisis con el nuevo Gobierno
Limpiar las instalaciones del Aeropuerto no es el único servicio que presta la empresa vinculada a Cristiani Calderón a la DGAC. En 2022 también se le otorgó la licitación para prestar el servicio de limpieza, pero esta vez sólo a los sanitarios.
La adjudicación se realizó el 18 de octubre de 2022 y tenía una duración de un año, por el que se le pagó más de 3.5 millones de quetzales (Q3,590,910.60).
Antes de su destitución, Francis Argueta autorizó una prórroga del contrato para un año más. El trámite inició el 29 de diciembre, a pocos días de que Bernardo Arévalo asumiera como Presidente y se firmó el Contrato Administrativo DS-67-2023 entre Argueta, exdirector de la DGAC y Jonathan Barrios, cuñado de Cristiani Calderón, para ampliar el servicio por un año más al mismo costo, es decir, 3.5 millones de quetzales.
La ampliación del contrato se refrendó el 10 de enero de este año a través del Acuerdo Ministerial 51-2024 del Ministerio de Comunicaciones, firmado por el exministro Javier Maldonado, cuatro días antes de dejar el cargo.
Incluso, este año, Cleanomatic ya recibió su primer pago por prestar el servicio de limpieza en los baños del Aeropuerto por el trabajo realizado del 1 al 18 de enero.
Al respecto, el Comisionado de Competitividad, Fernando Suriano, quien se prevé asuma la jefatura de la DGAC, dijo a Soy502 que ahora "procede un abordaje serio de todos los contratos", así que "se tiene que ver las características y forma en que fue firmado y serán los abogados los que determinen el abordaje para ese tipo de situaciones".
De encontrar alguna anomalía, "se harán las denuncias donde correspondan para que estas entidades hagan su trabajo", subrayó.
Además, Suriano dijo que están haciendo una revisión de los contratos realizados por Argueta, en el que participan abogados de la institución y expertos de la Contraloría General de Cuentas.
En tanto, Cleanomatic de Guatemala es la encargada de prestar el servicio de limpieza en las instalaciones del Aeropuerto Internacional La Aurora y de los sanitarios con dos contratos que suman más de 16.5 millones de quetzales (Q16,590,710.28), ambos firmados por Francis Argueta, durante la administración de Alejandro Giammattei.
Cristiani y sus plazas fantasma
En 2016, la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) y la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), en ese entonces liderada por Juan Francisco Sandoval, presentaron el caso "Plazas Fantasma Congreso", relacionada a contratos anómalos en el Organismo Legislativo durante la Junta Directiva 2014-2015 dirigida por Luis Rabbé, quien salió del país para evitar la orden de aprehensión.
El mismo día en que se presentó el caso, Cristiani Calderón fue capturado junto con el exdirector General del Congreso, José Luis Mijangos; y el exdiputado Alfredo Rabbé. Mientras que se solicitó el retiro de la inmunidad a otros siete exlegisladores.
Cristiani admitió su culpabilidad y se sometió a la figura de aceptación de cargos. Sin embargo, en septiembre de 2022, la jueza Claudette Domínguez declaró el sobreseimiento de los delitos contra los señalados que aún enfrentaban proceso, así que el exdiputado reculó a lo que ya había reconocido, aprovechando el cierre del caso.
Pero, la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal de Procesos de Mayor Riesgo revirtió la decisión de Domínguez y volvió a abrir el caso contra Cristiani y otras 10 personas que fueron beneficiadas con contratos en el Congreso a pedido del exlegislador, pero nunca se presentaron a laborar.
Entre estas "plazas fantasma", había cinco personas que laboraban en realidad para la sociedad anónima Cleanomatic de Guatemala, pero era el Congreso pagaba su salario y la comisión que recibía Cristiani Calderón.
Incluso, se reveló que la señora Odilia Morales Camo, empleada de Cleanomatic, tenía un contrato en el Legislativo por 20 mil quetzales al mes, pese a que sólo había cursado hasta tercero básico.
En este caso, Cristiani Calderón enfrenta los delitos de abuso de autoridad y peculado por sustracción en forma continuada.
Más plazas fantasma
El Congreso no fue el único lugar donde Cristiani Calderón influyó para la contratación de personas que nunca llegaron a trabajar. También lo hizo en el Registro de Información Catastral (RIC), donde habría contribuido para sustraer 4.8 millones de quetzales.
En este caso conocido como "RIC: Caja de Pagos" aceptó su culpabilidad y se adhirió a un proceso abreviado por lo que en 2021 recibió una condena de 3 años y 6 meses de prisión conmutables por el delito de peculado por sustracción y fue inhabilitado para ejercer cargos públicos.
Sin embargo, no purgó prisión, ya que desde mayo de 2020 había sido beneficiado con arresto domiciliario por el juez Víctor Cruz, ello, luego de haber estado en la cárcel desde 2016 cuando fue detenido.
Otro de los casos en los que Cristiani Calderón está involucrado, es el conocido como "Subordinación del Legislativo al Poder Ejecutivo" en donde se entregaron sobornos en el Congreso llamados "champurradas" que equivalían a 50 mil quetzales por diputado a cambio de su voto para aprobar la Ley de Telecomunicaciones que beneficiaba a una empresa específica.
En este caso, el exdiputado se convirtió en colaborador eficaz en 2018. Sin embargo, en junio de 2022 la FECI, ahora al mando de Rafael Curruchiche, decidió revocar el convenio.
Nuevos contratos
Este 2024 la empresa vinculada a Cristiani Calderón ya recibió cuatro contratos que suman casi 85 mil quetzales (Q84,942.10).
Estas contrataciones son para que prestar los servicios de limpieza, jardinería y mantenimiento en los ministerios de Economía y Educación, así como el Consejo Nacional de la Juventud.
