La CC empezó con los procedimientos para determinar si hubo irregularidades en la aprobación del aumento presupuestario para este año.
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En un lapso de 24 horas, el Congreso de la República deberá informar a la Corte de Constitucionalidad (CC) lo actuado en la sesión plenaria que se inició el pasado 13 de agosto y finalizó en la madrugada del día siguiente, cuando se aprobó la ampliación presupuestaria que solicitó el Ejecutivo.
El tribunal remitió un documento en el cual fija el plazo para que el Legislativo entregue un informe circunstanciado sobre el tema, en seguimiento a un amparo que presentaron diputados del bloque Vamos.
Según se lee en el texto, el propósito es que los magistrados tengan los elementos necesarios para determinar si, como alegan los parlamentarios, hubo anomalías en el procedimiento para avalar el incremento al techo de gastos del Gobierno.
No son los únicos
Antes de la bancada Vamos, habían accionado contra la aprobación, la Fundación contra el Terrorismo y Sandra Jovel.
Las tres acciones se basan en una presunta irregularidad al interrumpir la interpelación que se llevaba a cabo contra el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, para dar paso al aumento presupuestario.
Esto se llevó a cabo después de que 109 parlamentarios respaldaron una moción privilegiada planteada por Luis Contreras, de la bancada Compromiso, Renovación y Orden (CREO).
Esto permitió que la propuesta de ampliación requerida desde mayo por el gobierno de Bernardo Arévalo se dispensara de dictamen y posteriormente fuera aprobada de urgencia nacional, brindando casi Q14,500 millones adicionales para ejecutar este año.
Tal como se preveía, diputados buscan aprobar, con dispensa de dictamen y de urgencia nacional, la ampliación presupuestaria solicitada por el Ejecutivo pic.twitter.com/yJdtwFj1YO
"Vulnerable al abuso y corrupción"
Este lunes 19 de agosto, también se pronunció en contra del aumento Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), el cual informó haber detectado "errores de forma y fondo" en las asignaciones otorgadas a diferentes entidades.
El tanque de pensamiento se refirió principalmente al aumento de recursos para los consejos departamentales de desarrollo (Codede), que mediante una asignación extraordinaria, obtendría Q1,875 millones.
La cifra representa un aumento de Q200 millones a lo propuesto originalmente por el Ejecutivo. Esto ya lo había cuestionado el Icefi, por considerar que habría un riesgo de "abuso y corrupción" en el uso de los fondos.
El Instituto también cuestionó la asignación de entre Q820 millones y Q1,000 millones para el Ministerio de Agricultura, "a costa de reducciones en los presupuestos para entidades ejecutoras de gasto social e inversión pública en infraestructura, para destinos sin sustento técnico".
Ante ello, recomendó al Ejecutivo vetar la ampliación presupuestaria o emitir reglamentos estrictos para evitar actos ilícitos.
