La CC otorga amparo para garantizar el derecho a manifestar, esto en la novena jornada de protestas en todo el país.
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Este 10 de octubre se conoció que la Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó un amparo provisional para garantizar el derecho a manifestar de los ciudadanos; este recurso había sido interpuesto por las autoridades indígenas y por Acción Ciudadana.
"Este Tribunal resolvió decretar amparo provisional, precisando como efectos positivos de tal protección, en otros, que se dicten y ejecuten las medidas necesarias para garantizar el libre ejercicio de los derechos humanos de reunión pacífica y de manifestación", se lee en un comunicado de la CC.
En el mismo se indica que también garantiza "la libertad de pensamiento; se asuman las acciones en las que a la vez que se garanticen los derechos antes relacionados, también se observen los derechos de todas las personas en el territorio nacional, a la vida, salud, seguridad, paz, libertad de locomoción, de personas y vehículos, libertad de industria, comercio, trabajo y propiedad", puntualizaron.
También que se "coordinen e implementen acciones tendientes a garantizar que los guatemaltecos realicen sus actividades diarias, sin que resulten afectados por el ejercicio del derecho de manifestación", reiteraron.
Finalmente, se indicó que: el Tribunal "conmina a gobernantes y gobernados a observar y acatar el presente pronunciamiento de forma tal que se garantice el pleno respeto de los derechos de las personas, consagrados en la Constitución Política de la República de Guatemala".
Los bloqueos que continúan
De acuerdo con el reporte más reciente de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial), hasta las 17:05 horas, al menos 126 puntos permanecen bloqueados en todo el país.
Pasado el mediodía de este martes, las autoridades habían indicado que en caso de que los manifestantes no se retiraran, utilizarían la fuerza pública para liberar el paso.
Durante nueve días se han realizado protestas y bloqueos en todo el país, las cuales buscan la renuncia de la Fiscal General, Consuelo Porras y del jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, entre otros funcionarios.