La CC advirtió a las autoridades que si no accionan para reparar la red vial que presenta daños podrían incurrir en responsabilidades penales.
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"Realizar y adoptar cuanta medida sea necesaria para mitigar la emergencia nacional que atraviesa el país" por el mal estado de las carreteras, fue la orden emitida por la Corte de Constitucionalidad (CC), tras otorgar un amparo en contra del Gobierno.
El citado tribunal resolvió una acción legal planteada el pasado 25 de octubre por el diputado José Chic, y con ello obliga al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) a intervenir de inmediato para reparar vías y puentes que se han dañado, afectando el transporte de personas y mercancías.
En su fallo, los magistrados hacen ver la necesidad de que se adopten medidas urgentes para "lograr la reconstrucción, rehabilitación y recuperación de la infraestructura vial", principalmente la que ha sido afectada por las condiciones climáticas recientes.
Tal como se solicitó en el amparo, no solo se ordena al titular del CIV, Félix Alvarado, tomar las acciones pertinentes. También se incluye al presidente Bernardo Arévalo, como responsable de girar las instrucciones, y al ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, quien deberá asignar los recursos necesarios.
"Las órdenes anteriores se emiten bajo apercibimiento de que, en caso incumplimiento, incurrirán en las responsabilidades civiles y penales correspondientes", previene la resolución.
Puntos críticos
En el expediente presentado por Chic se incluyó un listado con nueve puntos en los que se han registrado socavamientos y otros 13 en los que hay hundimientos, incluido el del kilómetro 44 de la autopista a Palín, Escuintla, y otros en la ciudad capital.
Con su el fallo de la CC, el Gobierno, por medio del CIV, tendría que agilizar las medidas para arreglar esos tramos, así como varios puentes, incluido el Nahualate, en Suchitepéquez.
El tribunal constitucional no fijó un plazo para que las autoridades concluyan los trabajos; sin embargo, urgieron poner a disposición el personal y recursos financieros necesarios para atender las emergencias.
