Delegados de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y de la Policía Nacional Civil (PNC) realizaron durante la mañana de este 14 de julio más de 40 allanamientos que dejaron al menos 10 personas detenidas.
A los capturados, quienes son parte de empresas que supuestamente habrían sido utilizadas para acciones de corrupción por parte del exministro Alejandro Sinibaldi, se les señala de los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero y cohecho pasivo.
Al momento, se han confirmado las capturas de Carlos Guillermo Yupe Ramírez, Mercedes Herrera, Douglas Paredes Ramos, Otto Samayoa y René Cardona Pérez. Todos ellos serán enviados a la Torre de Tribunales.
Según una investigación de Plaza Pública, Cardona Pérez fue nombrado representante de la Agropecuaria Nápoles, una compañía que deforestó e intentó desarrollar un proyecto ganadero y ecoturístico en una finca de 15 caballerías en la Reserva Natural de la Biósfera Maya.
En la publicación se detalla que vecinos de Yaxhá, Petén, señalaban al exministro de Comunicaciones como propietario de la finca y Cardona era usado como testaferro, ya que este último fue representante o administrador único de varias empresas de publicidad exterior que pertenecieron a Alejandro Sinibaldi y a los hermanos del exfuncionario.
De acuerdo al Registro Mercantil de Panamá, Cardona figuraba como director de Summerhill Holdings S.A. La presidenta de la compañía era Mercedes Herrera Monterroso, quien durante la administración de Sinibaldi en Comunicaciones fungió como asistente del despacho ministerial.
Otro de los aprehendidos, Yupe Ramírez, ocupó el cargo de tesorero en el holding inscrito en Panamá y fue vocal III en el Consejo de Honor del Partido Patriota para las elecciones de 2008.
En el caso de Otto Samayoa, él habría sido beneficiado por Sinibaldi en 2012 al adjudicarle 22 proyectos de Covial por más de 70 millones de quetzales. Lo anterior se logró por medio de la simulación de competencia en los concursos de al menos seis empresas vinculadas al sindicado y a su familia.
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