Como un mensaje claro de rearticulación del Ejecutivo y de los sectores que no están de acuerdo con la lucha contra la corrupción, fueron interpretados por politólogos y economistas los cambios que se han dado en el Ejecutivo y el Congreso.
La tarde del martes el Ejecutivo anunció la salida de tres ministros y la llegada de Alfonso Alonzo, a Ambiente; de René Obregón, a Desarrollo Social; y de Acisclo Valladares, a Economía, éste último es hijo de uno de los principales y más cercanos consejeros del presidente Jimmy Morales.
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Los cambios se anunciaron dos días después de que se eligió una nueva Junta Directiva en el Congreso, y el mandatario entregara su segundo informe de Gobierno. Tanto Morales, como el nuevo jefe del Legislativo, Álvaro Arzú júnior dictaron discursos agresivos que fueron interpretados como una unión de fuerza contra quienes luchan para combatir la corrupción y la impunidad.
"Estamos viendo una contra ofensiva que no se veía desde 2015 cuando se inició con el combate a la corrupción. Hasta el momento no había habido una respuesta tan articulada de los sectores que han sido golpeados", aseguró Cristhians Castillo, del Instituto de Análisis e Investigación de los Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac).
Según Castillo, la rearticulación inició con el "Pacto de corruptos" el año pasado, y aunque no funcionó, fue la clara evidencia de que debían aglutinarse para "retomar el Estado" y este año iniciaron con la elección de la Junta Directiva del Congreso, colocando a Álvaro Arzú en la presidencia.
El experto del Ipnusac dijo: "Hay que separar los cambios en el Ejecutivo, pues, en el caso del exministro de Desarrollo Social, Ennio Galicia, no habían cumplido con las expectativas, pero otros como Sydney Samuels lideraron luchas interesantes, él se atrevió a denunciar penalmente el desvío de ríos".
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José Carlos Sanabria, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), señaló que no es usual efectuar cambios en el tercer año de Gobierno, pues "habrá un impacto en la continuidad y reorientación de las políticas del Gobierno, lo malo es que sólo tienen este año para hacer algo, pues el otro es preelectoral y todos estarán pensando más en quién vendrá".
Retroceso en recaudación
Para Abelardo Medina, economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, si se realizan los cambios en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y ante la posible salida del ministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada, se prevé una recaudación perjudicada así cómo la política fiscal del Gobierno.
Medina explicó que en la SAT los cambios son complicados, más que en ministerio, porque el proceso de selección del nuevo Superintendente puede durar hasta mes y medio, luego el que asume tarda otros dos meses en conocer y reordenar a su equipo, y puede llevar más tiempo, si las nuevas autoridades desconocen la labor de SAT.
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Mientras que Erick Coyoy, exviceministro de Economía, aseguró que los cambios obedecen a las negociaciones políticas para lograr la Junta Directiva en el Congreso.
"Están justificando su decisión en SAT haciendo una interpretación muy mecánica de la Ley... más cuando otras instituciones como el Banguat también incumplieron su meta de inflación, por segundo año, a ellos no los tocan porque está fuerte la institucionalidad del Banco", lamentó Coyoy.
Según el experto económico, fue claro que hubo un sector productivo fuerte y con influencia en el Congreso que veía a "Francisco Solórzano Foppa como una piedra en el zapato", pues durante la discusión de la iniciativa para regularizar al sector ganadero, se encontraron con análisis técnicos, lo que generó "momentos muy tensos".
Miguel Gutiérrez, exjefe de SAT comparó los cambios de Morales con los efectuados por el expresidente Otto Pérez Molina. "Parece un Déjà vu de movimiento que hizo el Partido Patriota para incorporar sus estructuras criminales que al final de cuentas erosionaron la institucionalidad", concluyó.
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