Este viernes la Comisión Bicameral de Seguridad y Cooperación en Europa de los Estados Unidos celebrará una reunión en la que se analizará el caso de los Bitkov, la familia rusa acusada en Guatemala.
"El largo brazo de la injusticia: ¿Una comisión de la ONU fundada para luchar contra la corrupción ayuda al Kremlin -palabra con la que se refieren al gobierno de Vladímir Putín- en la destrucción de una familia rusa?", es el nombre con el que la comisión estadounidense se refiere al encuentro en el que se conocerá la investigación del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
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Entre los integrantes de esta comisión figuran nueve senadores y nueve miembros de la cámara de representantes, tanto del partido republicano como del democrático. Entre ellos resalta la presencia de Marco Rubio, el senador que ha demostrado públicamente su apoyo a Jimmy Morales.
En la cita se tiene programado que testifique Victoria Sandoval, abogada especializada en criminalidad y derechos humanos que representa a Igor, Irina y Anastasia, los integrantes de la familia Bitkov, así como participará Rolando Alvarado, también abogado de la familia rusa.
En la audiencia además participará Bill Browder, director y fundador de la Campaña Global por la Justicia a favor de Sergei Magnitsky, su contador que murió en manos de funcionarios rusos y de quien luego usaron su apellido para nombrar a la ley estadounidense que castiga a los extranjeros involucrados en abusos de derechos humanos y en corrupción.
Met with the Bitkov’s lawyers from Guatemala, Victoria Sandoval and Ronaldo Alvarado to discuss freeing them. These people are doing God’s work. Ronaldo is looking after their 6 year old son and Victoria is visiting them every day. I’ve never seen such commitment and devotion pic.twitter.com/dXTmKQYAW3
Browder es un inversionista nacido en Estados Unidos que hizo su fortuna en Rusia antes de tener conflictos con el gobierno de ese país y que luego organizó una campaña global de cabildeo contra Vladimir Putin, según lo describe The Economist en un artículo periodístico sobre los Bitkov.
De acuerdo con el sitio web de la comisión de seguridad estadounidense, la audiencia buscará responder si el gobierno ruso intervino en la CICIG para perjudicar a los Bitkovs, además de contestar preguntas como ¿Es este otro ejemplo del alcance aterrador del gobierno de Vladímir Putín y su capacidad para cooptar instituciones diseñadas para promover el estado de derecho? ¿Ha corrompido el gobierno de Rusia una agencia anticorrupción de la ONU?
El caso en Guatemala
La Bitkov fueron condenados en el país hace unos meses, sin embargo este jueves la Corte de Constitucionalidad (CC) revocó las sentencias después de confirmar que se debe repetir la fase del proceso penal en la que se ordenó que enfrentaran un juicio en un tribunal de sentencia.
Desde que fue emitida la condena por el Tribunal A de Mayor Riesgo, los rusos ganaron más notoriedad gracias a una columnista estadounidense que señaló supuestas irregularidades en el caso y la posible intromisión del gobierno de Vladímir Putín en el caso. Durante las distintas etapas del proceso judicial, la familia usó ese mismo argumento: todo se trataba de una persecución política orquestada por el gobierno Rusia.
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Los Bitkov contaron desde su captura que escaparon de su país luego de oponerse a colaborar con el partido político Rusia Unida, la agrupación que llevó al poder a Vladímir Putín. Debido a su resistencia, su hija, Anastasia, fue secuestrada, según narraron en diferentes ocasiones.
Fue por ese motivo que llegaron y buscaron refugio en Guatemala, después de encontrar a través de internet una empresa que les ofrecía documentos para nacionalizarse, por los cuales pagaron 50 mil dólares, según su defensa.
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Sin embargo, en enero de 2015 fueron capturados por beneficiarse de una estructura criminal que operaba en el Registro Nacional y la Dirección General de Migración, la cual les facilitó los documentos de apariencia legal para permanecer en Guatemala.
Fue hasta 2016 que solicitaron formalmente el asilo político en el país, el cual fue denegado por las autoridades guatemaltecas. Tiempo después se dictó la pena de 19 años de prisión para Igor y una sentencia de 14 años de prisión para Irina y Anastacia, las mismas que ahora fueron anuladas.
