La Fiscalía contra la Corrupción detalló la manera en que se cometió el fraude y la sobrevaloración en la construcción del Libramiento de Chimaltenango.
Stuardo Campo explicó que las irregularidades comenzaron desde la contratación de las empresas que se encargaron de llevar a cabo la obra, las que aumentaron los costos y colocaron materiales de mala calidad. También cambiaron el diseño original.
Te lo contamos en este orden:
- Así comenzó el fraude
- El fraude de Renova
- La mala calidad de la construcción
- Sobrevaloraron la obra
- Modificaron el diseño
- El derecho de vía
- Renova, Conasa y el lavado de dinero
Así comenzó el fraude
El 30 de julio de 2014 se contrató la primera empresa, Conasa (Constructora Nacional), y el 16 de enero de 2019, a la segunda empresa, Renova, que es una extensión de la primera.
El primer contrato establecía que la obra debía realizarse en dos años (720 días), algo que no se cumplió. De acuerdo al Ministerio Público (MP), el Ministerio de Comunicaciones permitió la modificación del contrato en más de 17 oportunidades, lo que se considera una ilegalidad.
Debido a que sobrepasó las variaciones en el contrato que se podían hacer, Conasa no podía seguir recibiendo recursos del Estado y se generó la necesidad de hacer una nueva licitación pública para la contratación de una empresa diferente.
Como la Constructora Nacional tenía impedimento de participar, dado que sus representantes están involucrados en procesos penales, se constituyó una segunda sociedad anónima, llamada Renova Ingenieros. Esta participaría en los eventos de contrataciones estatales.
El fraude de Renova
El MP informó que Renova fue creada en marzo de 2017 y no estaba destinada para la construcción de carreteras. Pero en octubre del mismo año se realizó la modificación de la escritura social, y se agregó que su actividad principal era la construcción de carreteras.
Ya en 2018, y de acuerdo con la investigación, las bases de licitación “fueron adecuadas artificiosamente, para propiciar y facilitar la participación de Renova”. La Dirección General de Caminos fue quien creó las bases.
La junta de licitación que se integró fue propuesta por el entonces director de Caminos, Juan José Hanser Pérez. Y el exministro, José Luis Benito Ruiz, oficializó los nombramientos.
Una de las personas nombradas en la junta licitadora es Mayra Alejandra Gordillo Mendoza, quien ya había emitido opinión favorable para Renova. La fiscalía dice que Gordillo sabía que la sociedad no contaba con el capacidad económica para participar en el evento.
Una de las principales irregularidades es que Renova no se encontraba inscrita en el Registro de Precalificados de Obras del Ministerio de Comunicaciones, ya que no obtuvo el dictamen favorable.
Renova presentó ante la junta de licitación una constancia de inscripción en Precalificados, la cual resultó ser falsa. En ella indicaba tener capacidad económica de hasta 302.5 millones de quetzales. Pero, el documento que presentó Renova correspondía a otra sociedad.
La junta de licitación adjudicó la obra a sabiendas que no cumplía con los requisitos.
Pero el contrato aún se podía detener. La firma final que avaló la adjudicación fue la de José Luis Benito, en su calidad de ministro en ese momento.
El contrato para terminar la obra pública se suscribió el 16 de enero de 2019, con Renova.
La mala calidad de construcción
La verificación de campo comprobó que se utilizó material de más baja calidad de la que se especificó en la obra. Sin embargo, no se presentaron documentos que informaron de por qué los cambios.
Se ejemplificó que las varillas de hierro de media pulgada utilizadas, no tienen recubrimiento con pintura anticorrosiva. Tampoco se colocaron las varillas que debían usarse como uniones.
El recubrimiento de concreto no cumplió con las especificaciones. Debían ser dos capas, la primera de 6 centímegros de espesor y la segunda de 5 centímetros para totalizar 11 centímetros.
La electromalla debía tener un diámetro de 6.2 milímetros y se usó una de 2.9 milímetros, bajando la calidad de la obra.
Se concluyó que Renova construyó la obra sin seguir las especificaciones y los planos de la obra.
Sobrevaloraron la obra
Los informes financieros determinaron la posible sobrevaloración.
Con relación a la electromalla, se colocó el precio de 133 quetzales por metro cuadrado, cuando en el mercado se cotiza entre 9.69 y 29.10 quetzales.
El sobrecosto se estima en más de 15.1 millones de quetzales (Q15,170,643.00).
Además, Caminos permitió que el proyecto se realizara sin ninguna supervisión.
Modificaron el diseño
Otra de las irregularidades es que se modificó el diseño original.
Debido a que no se tenía el derecho de vía se hicieron nuevos trazos, sin realizar un análisis de la condición del suelo.
El derecho de vía
La Dirección de Caminos pagó por indemnización por el derecho de vía unos 15 millones de quetzales. Para realizar los desembolsos se falsificaron los documentos. Se utilizó información de los terrenos y ubicaciones donde se había adquirido el derecho de vía y se colocaron datos de otras personas.
Con el dinero, las personas beneficiadas compraron lujosos carros.
Renova, Conasa y el lavado de dinero
La sociedad Renova recibió en dos cuentas bancarias un total de 90.4 millones de quetzales (Q90,406,091.97), como pago de parte de la Tesorería Nacional.
Durante 2019, Renova trasladó 89 millones de quetzales (Q89,013,500.00) a Conasa. El dinero fue transferido a Jorge Alfredo Tejada Argueta, vicepresidente de la Constructora Nacional.
Por estos hechos, el MP solicitó 34 órdenes de captura, y el juez Mynor Moto le autorizó 29, y citó a tres personas a la audiencia de primera declaración.
En operativos de este viernes se arrestó a 17 personas. La audiencia de primera declaración se llevará a cabo el martes 14 de julio.
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