Ángel Pineda, secretario del Ministerio Público y mano derecha de Consuelo Porras fue denunciado por el Gobierno de Bernardo Arévalo.
EN CONTEXTO: Contra Ángel Pineda: la denuncia del Ejecutivo que señala al secretario del MP
El Secretario General del Ministerio Público (MP), Ángel Pineda, respondió a la denuncia en su contra interpuesta ante la Contraloría General de Cuentas (CGC). Lo acusan por posible uso de fondos públicos para la persecución de ciudadanos guatemaltecos en el extranjero.
La denuncia surgió por un oficio que Pineda le envió en 2021 al entonces presidente Alejandro Giammattei y qué derivado de esa petición, el Ejecutivo desembolsó Q461 mil mensuales para pagar a un bufete de abogados en Estados Unidos.
Ante esto, Pineda dio declaraciones al medio televisivo Guatevisión y aseguró que el oficio y la petición era para otros fines.
"Ese oficio tiene un espíritu completamente diferente. En aquel momento, si ustedes retrotraen y regresan a ese momento en particular para Guatemala. En ese momento se había incluido en un tipo de sanciones internacionales a varios funcionarios de Estado, a mi persona, a la señora Fiscal General, a varios fiscales del Ministerio Público. Era evidente que era una acción desarrollada desde lo internacional en contra de entes del Estado y que en aquel momento buscaban socavar las investigaciones y atentar contra las investigaciones que se desarrollaban en el Ministerio Público", explicó.
También dijo que el Estado estaba siendo afectado por acciones internacionales que no tenían fundamento jurídico y que por ello pidieron el apoyo de Giammattei, explicó Pineda.
"Con el fin de que él como representante de la unidad nacional, el presidente de aquel momento y como jefe que ejerce la política exterior del Estado, pudiese tomarlo en consideración para poder ejercer una defensa del Estado de Guatemala", finalizó el Secretario del MP.
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Nuevamente se evidencian acciones sistemáticas sin ningún sustento jurídico que advierten una clara intención de obstaculizar la labor del Ministerio Público. pic.twitter.com/8mdylMh1wl
La denuncia
El Organismo Ejecutivo, a través de la Secretaría General de la Presidencia, presentó una denuncia ante la Contraloría General de Cuentas (CGC) por el posible uso de fondos públicos para la persecución de ciudadanos guatemaltecos en el extranjero a petición de Ángel Pineda.
"La razón de esta denuncia ante el pueblo de Guatemala y ante la Contraloría General de Cuentas es para solicitar auditoría al Ministerio Público, al Ministerio de Finanzas y a la Procuraduría General de la Nación por la posibilidad del uso de fondos públicos para perseguir a guatemaltecos exiliados", explicó el Secretario General de la Presidencia, Juan José Guerrero.
Según el Secretario, los hechos se registraron a partir del 16 de noviembre del 2021, cuando Ángel Pineda dirigió un oficio al entonces presidente Alejandro Giammattei por medio del cual se solicitó el pago de un bufete de abogados, utilizando como argumento la defensa de los intereses del Estado.
La solicitud presentada por Pineda, actual Secretario General del Ministerio Público, estuvo acompañada por documentos que registraron como evidencia las publicaciones en redes sociales de las personas perseguidas.
Como consecuencia de la solicitud de Ángel Pineda, la entonces Secretaría General de la Presidencia, por instrucciones del presidente Giammattei, ordenó a la Procuraduría General de la Nación a realizar las gestiones para empezar la persecución política, y se instruyó al Ministerio de Finanzas la asignación de Q. 461,600 quetzales mensuales, para el pago del bufete de profesionales.
Según Guerrero, la estrategia del requerimiento de los servicios profesionales del bufete fue sometido a consideración de Consuelo Porras, la Fiscal General.
La petición y denuncia ante la CGC por parte de la Secretaría General de la Presidencia se da en el contexto de otras denuncias y de la relación que ha mantenido la presidencia de Bernardo Arévalo con Consuelo Porras, desde antes de asumir su mandato, y ha sido una constante que ha quedado en evidencia entre los mensajes públicos que han intercambiado ambos funcionarios.
Guerrero explicó que estos hechos se realizaron entre noviembre del 2021 y el año 2022. Por lo que la acción emprendida esta mañana ante la Contraloría tiene como objetivo el esclarecimiento del uso de recursos del Estado.
Lo cual, Guerrero dijo que espera que la institución cumpla con su función y, en consecuencia, denunciar los hechos que deriven de la investigación que se realizará.
"La CGC tiene un mandato y debe velar por la calidad de los usos de los recursos y presentar denuncias cuando sea necesario", puntualizó el Secretario General.
