Más de 13 horas duró la sesión en la que el Congreso aprobó el Presupuesto 2025.
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Después de recetarse un incremento salarial, que los lleva al nivel de los magistrados de apelaciones, los diputados del Congreso aprobaron de urgencia nacional el Presupuesto General de la Nación para 2025.
Con ello, se brinda a la administración de Bernardo Arévalo un techo de gastos de Q148,526 millones en su segundo año de gestión.
La propuesta fue avalada mediante el Decreto 36-2024 y con el voto favorable de 140 parlamentarios, pese a que el sector empresarial y tanques de pensamiento alertaron sobre el desfinanciamiento y otros yerros técnicos que habría en el proyecto.
La jornada para los legisladores fue extensa, pues comenzó la tarde del martes 26 de noviembre y finalizó poco antes de las 6:00 las horas de este miércoles 27.
Aunque el cansancio y tedio eran evidentes, 149 legisladores permanecieron en el hemiciclo parlamentario hasta que se emitió el Decreto. En buena parte de la aprobación hubo quejas porque no se entendía lo que leía el segundo secretario, Raúl Solórzano.
Aumento para salubristas
Tal como se preveía, la norma se aprobó con pocos cambios y en su mayoría quedó como se planteó en el dictamen de la Comisión de Finanzas del Legislativo, pues había un acuerdo entre la mayoría de bancadas para dotar de los recursos al Ejecutivo.
La modificación más importante es la que brinda un incremento salarial e incentivo económico para todo el personal del Ministerio de Salud.
En el artículo 140 de la norma se establece que la cartera deberá hacer las readecuaciones necesarias para cumplir con ese beneficio para los empleados; asimismo, indica que en 2025 se deberá continuar con el traslado de trabajadores al renglón 011.
El Ministerio también tendrá que aumentar el monto correspondiente a las becas para estudiantes de medicina que realizan su ejercicio profesional supervisado en la red de servicios pública. El estipendio no podrá ser menor a un salario mínimo vigente.
Más dinero para Comunicaciones
Otro aspecto que quedó normado es que el Gobierno podría subir su techo de gastos el próximo año hasta superar los Q152,000 millones.
Esto se debe a que en el Decreto se brinda una autorización para que se amplíe el presupuesto en Q3,500 millones, mediante un acuerdo gubernativo y sin necesidad de acudir al Congreso.
Tales fondos se destinarían al Ministerio de Comunicaciones, una vez se les tenga disponibles, se lee en el artículo 142 de la normativa. Ahí también se indica que el dinero sería para el "Plan extraordinario para la rehabilitación de puentes y carreteras".
Las otras asignaciones
De acuerdo con lo avalado por los diputados, los ministerios que contarían con más recursos el próximo año serían:
- Educación - Q25,530 millones
- Salud - Q15,200 millones
- Gobernación - Q8,272.8 millones
- Comunicaciones - Q7,879.9 millones (sin contar el aumento que se le brindaría)
- Defensa Nacional - Q4,620 millones
A todos ellos los superaría el aporte para las obligaciones a cargo del Tesoro, que contaría con Q54,962.5 millones. De ahí saldrán las asignaciones al Ministerio Público, consejos de desarrollo y otras entidades que reciben financiamiento público.
Además, el plan de gastos incluye cuotas específicas para proyectos de infraestructura que llevan años paralizados o no han comenzado. Algunos de ellos son:
- Anillo Regional - Q600 millones
- Libramiento de Sayaxché, Petén - Q150 millones
- Nuevo hospital para la Policía Nacional Civil - Q32 millones
Asimismo, se contemplan Q1,200 millones para el Circuito Metropolitano del Metro y un aporte extraordinario por más de Q5,000 millones para los consejos de desarrollo.
¿De dónde saldrá el dinero?
En el decreto que contiene el Presupuesto 2025 se indica que los Q148,526 millones que se otorgan al Gobierno se financiarían en su mayor parte con la recaudación de impuestos, cuya meta se fijó en Q109,302.5 millones.
Además, se contemplan Q2,406.2 millones en préstamos con Gobiernos y entidades bancarias extranjeras, así como Q25,104.1 millones en colocación de bonos del Tesoro.
Este último rubro ha generado preocupación y críticas en distintos sectores, ya que la mitad del dinero se pretende utilizar para gastos de funcionamiento, a pesar de que existe una prohibición legal.