Diputados de diferentes bancadas se opusieron a la nueva ley de la PNC, pero no lograron frenar su aprobación.
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En su tercer intento, el presidente del Congreso, Nery Ramos, y diputados que lo apoyan lograron los votos para que se aprobara de urgencia nacional una ley que sustituirá a la que actualmente rige el trabajo de la Policía Nacional Civil (PNC).
Un total de 115 parlamentarios respaldaron el Decreto 35-2024, el cual contiene las nuevas disposiciones para la entidad; sin embargo, ya se anunciaron acciones legales para impedir que esta cobre vigencia.
Ramos fue el principal promotor de la nueva normativa y durante una de sus intervenciones hizo ver que el objetivo es darle certeza jurídica a la labor de la PNC, mediante los instrumentos correspondientes y la reconfiguración de su estructura.
Aunque fue duramente criticado por varios de sus compañeros, debido a su insistencia en la creación de la ley, el también exdirector de la Policía logró su cometido y se congratuló por ello.
Nuevas funciones generan polémica
Uno de los temas controversiales contenidos en la nueva norma es la potestad que se brinda a los elementos policiales de realizar labores de investigación, tanto por iniciativa propia como por denuncia o a requerimiento del Ministerio Público (MP).
Algunos diputados opinan que esto contraviene el trabajo que realiza el MP y, de hecho, se acordó una enmienda al respecto, pero al momento de someterla a votación no se logró el apoyo necesario.
Elmer Palencia, jefe del bloque Valor, elaboró y consensuó ese cambio, y evidenció su molestia contra Ramos por no respetar lo acordado.
Pueden activar sus armas
Otro punto que generó rechazo fue el aval para que los agentes activen su arma contra presuntos delincuentes, ya que algunos parlamentarios ven un riesgo de que esa autorización sea aprovechada por "malos elementos" para cometer actos ilícitos.
El punto más polémico es el que indica que ningún miembro de la Policía podría ser detenido por disparar "en defensa de la vida, integridad de las personas o sus bienes", aunque el supuesto malhechor resultara herido o muerto.
Los beneficios
De quedar vigente el Decreto 35-2024, los efectivos también gozarían de múltiples beneficios económicos, como un bono anual cuyo monto deberán definir las autoridades e incrementos salariales cada dos años.
Tales aumentos irán desde 4% al 8%, según el rango del personal. Quienes tendrían el alza más significativa serían los oficiales subalternos y los oficiales superiores, así como el personal en escala de Dirección.
Además, cada policía tendría un seguro de vida que no podría ser menor de Q100 mil y se les tendría que incluir en programas de vivienda vigentes en diferentes entidades del Estado.
Aparte, gozarían de 30 días de vacaciones al año y sus familiares, incluido cónyuge, hijos y padres, tendrían derecho a atención médica sin costo, por mencionar algunos beneficios.
La nueva ley de la PNC es extensa, pues consta de 89 artículos, en los cuales se norma desde la estructura, funciones, misión y financiamiento de la entidad hasta temas específicos como los procedimientos para seleccionar a los agentes y garantizar su profesionalización.
Accionará contra la ley
Uno de los aspectos que generó el rechazo de varios diputados es que la iniciativa en mención obtuvo un "dictamen exprés", pues fue remitida a la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional hace cuatro días y este martes 26 ya tenía el dictamen favorable.
Álvaro Arzú, de Unionista, y Allan Rodríguez, de Vamos, fueron quienes más criticaron la premura en el trámite.
El primero acusó a Ramos de hacer un "berrinche" por su persistencia en que se apruebe este día la normativa, aunque, a su criterio, la mayoría de diputados no conocen a detalle su contenido.
Entretanto, Rodríguez adelantó que accionaría contra la norma. Según dijo, aunque es miembro de la mencionada sala legislativa, no lo convocaron para conocer el dictamen. Asimismo, acusó presiones para lograr el aval de urgencia nacional.
Lo que sigue
Según lo manifestado en la sesión, el decreto recibiría varias objeciones y observaciones, lo cual alargaría el proceso previo a que fuera remitido al presidente Bernardo Arévalo para su sanción.
Si se superara esa fase y la norma avanzara hasta ser publicada en el diario oficial, habría posibles amparos ante la Corte de Constitucionalidad.
Quienes abogan para que eso no ocurra son las autoridades del Ministerio de Gobernación (Mingob) y la cúpula de la PNC, quienes han resaltado la importancia de la nueva ley, pues "modifica la estructura de la institución policial y refuerza sus capacidades".