La Terminal de Contenedores Quetzal, más conocida como TCQ, nació en un "ambiente turbulento", como definió Henrik Pedersen, el representante comercial de su actual propietaria APM Terminals.
Por eso, la empresa holandesa decidió cambiar el nombre a APM Terminals Quetzal, con la intención de hacer "borrón y cuenta nueva", aunque no será tarea fácil teniendo en cuenta la cola que trae este proyecto y que aún tiene aspectos pendientes, como las capturas de algunos actores que se encuentran prófugos y la resolución de la nulidad del contrato.
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Concesión o arrendamiento
El pasado 8 de marzo, la empresa holandesa adquirió la compañía Grup Maritim TCB con total desconocimiento sobre cómo habían conseguido cuatro años antes el contrato en Guatemala. Pedersen confirmó que APM tomó medidas legales contra la anterior propietaria por ocultar información en el proceso de compra y que ahora están colaborando con los tribunales con la esperanza de que el fallo les sea favorable.
"Son especulaciones, pero esperamos obtener un resultado positivo con el proceso de nulidad para seguir construyendo y operando una terminal reconocida a nivel internacional", apuntó durante su visita a Guatemala.
Por su parte, el viceministro de Puertos y Aeropuertos, Rudy Keller, señaló que la Procuraduría General de la Nación ha mantenido el caso en reserva y que, de igual forma, están pendientes del fallo sobre el contrato de usufructo anterior.
"El contrato de usufructo podría cambiarse por un contrato de arrendamiento, en el que la empresa tendría que pagar una renta fija sin importar si gana o no", explicó el funcionario.
La nueva grúa de APM Terminals Quetzal costara $15millones @soy_502 pic.twitter.com/L7y3p96H9i
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De igual forma, se tiene que definir qué ocurrirá con la inversión en maquinaria, ya que, según el contrato original, las grúas pasarían a ser propiedad del Estado.
Keller apuntó también que, después de la intervención judicial, la empresa opera de manera independiente esperando el fallo.
Sin máquina de rayos X
La empresa pagó los 30 millones de dólares que el Estado de Guatemala le pidió en concepto de reparación civil para empezar a operar tal y como marcó el memorándum de entendimiento.
En ese mismo documento, la empresa representada por su vicepresidenta, Susane Marston, se comprometió a instalar una máquina de rayos X. Sin embargo, el director de la terminal portuaria, Gabriel Corrales, comentó que el año pasado no se tuvo éxito al querer colocar la maquinaria.
"Lo estamos viendo como una inversión para el futuro", señaló.
El exintendente de la intervención de la terminal, Alexander Aizenstatd, señaló que sería un incumplimiento siempre que el memorándum estuviera vigente.
Por el momento, la inversión más segura a corto plazo es la instalación de una tercera grúa que supone una inversión adicional de 15 millones de dólares.
Hasta la fecha, desde que inició operaciones en febrero, en la terminal atracaron 85 buques y se movilizaron 63 mil contenedores. "La terminal ha logrado sus ingresos para atender sus obligaciones tributarias y legales como se ha comprometido", comentó Corrales sin detallar la cifra exacta de lo que debe.
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Asimismo, estos servicios supusieron una recaudación para la hacienda pública de 85 millones de quetzales, según informó el jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria, Juan Francisco Solórzano Foppa.
Con la nueva inversión, las cifras podrían aumentar a 260 buques atracados para el 2018.
El negocio destapado
La ampliación de una nueva terminal de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) supuso un negocio con el que el binomio presidencial del Partido Patriota quería lucrar.
Según la investigación del Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la empresa española Terminal de Contenedores de Barcelona pagó sobornos de al menos 30 millones de dólares para construir y explotar en usufructo la terminal en 25 años.
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La estructura encargada del negocio supuestamente fue liderada por el propio Otto Pérez y Roxana Baldetti, quienes acumulan ese caso a su historial judicial. El caso se extendió a otros sindicado y aún seis de esas personas continúan prófugas de la justicia, como Allan Marroquín, interventor de EPQ; y Ángel Pérez Maura, directivo de Grup Maritim TCB.
