Varios señalados en casos de corrupción han sido beneficiados en distintos puntos jurisdiccionales, muchos, incluso, han quedado en libertad y sin cargos.
OTRAS INVESTIGACIONES: Elecciones 2023: Crónica de una carrera política iniciada
Diputados, funcionarios, candidatos, políticos y empresarios, fueron señalados y vinculados a casos de corrupción, a través de los cuales se les acusó de millonarios desfalcos al Estado.
La mayoría de los casos fueron investigados y planteados por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), cuando era dirigida por Juan Francisco Sandoval, y por la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), pero con la expulsión de la instancia que surgió con apoyo de la Organización de Naciones Unidas (ONU), la mayoría de casos se han venido abajo y el Ministerio Público (MP), ahora dirigido por Consuelo Porras, ha hecho poco o nada por revertir los fallos.
Manuel Baldizón
Uno de los casos más recientes es el del excandidato a la presidencia Manuel Baldizón, quien después de cumplir una condena en Estados Unidos (EE.UU) donde confesó haber lavado dinero para el narcotráfico, fue deportado a Guatemala y entregado a las autoridades para que solventara su situación jurídica, debido a que está señalado en los casos de corrupción denominados Transurbano y Odebrecht.
Sin embargo, después de casi una semana y media de tener su audiencia de primera declaración por el caso Transurbano, Baldizón fue beneficiado con arresto domiciliar, luego que lo ligaran a proceso por sólo el delito de financiamiento electoral ilícito, quedando fuera los de lavado de dinero, falsedad ideológica con agravación electoral y asociación ilícita, aunque se le obligó a pagar Q1 millón y se le prohibió salir del país y hablar con computadoras.
Blanca Stalling
No ha sido el único. Otro de los casos que llamó la atención es el de Blanca Stalling, luego que en junio pasado el juez Décimo Penal, Víctor Cruz, decidió cerrar el caso en su contra, argumentando que "existían incongruencias en los documentos de la acusación y en los elementos probatorios que fueron presentados por la FECI.
A Stalling se le sindicaba del delito de tráfico de influencias y resistencia con agravación de la pena, después de que el juez Carlos Ruano la denunció de presionarlo para que dictara una medida a favor de Otto Molina Stalling, implicado en el caso IGSS-Pisa e hijo de Blanca Stalling.
La FECI, ahora dirigida por Rafael Curruchiche, no impugnó la resolución, por lo que Stalling peleó su reinstalación en el cargo como Magistrada Vocal VII de la Cámara Civil del Organismo Judicial, el cual le fue otorgado, así como una supuesta retribución de Q5 millones por salarios caídos desde el 2017 cuando fue capturada.
IGSS-PISA
Una sentencia histórica se dictó en septiembre del 2018, luego que el Tribunal Undécimo de Sentencia sentenció a 6 años y 3 meses y una multa de Q50 mil a 12 personas, entre ellos a toda la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y al hijo de la magistrada Blanca Stalling, Otto Molina Stalling. Nueve personas fueron absueltas.
El caso fue icónico. Según los alegados de la CICIG y la FECI, el IGSS realizó un contrato anómalo que implicaba sobornos millonarios a una empresa sin experiencia y sin las capacidades para atender a enfermos renales. Más de 70 personas fallecieron debido a esta situación.
Sin embargo, después de varias acciones legales para apelar el fallo condenatorio, en julio del 2019, los magistrados de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones anularon la condena emitida en contra de los directivos y de las enfermeras que integraron la Junta de Licitación del IGSS que otorgaron el contrato. Con esta acción, también se vio beneficiado el hijo de la magistrada Stalling.
Caso Plazas Fantasma
Pese a que diez personas aceptaron su culpabilidad y se sometieron al procedimiento de aceptación de cargos, en septiembre pasado la jueza Claudette Domínguez dictó sobreseimiento a favor de los más de 60 acusados en el caso de plazas fantasma, dejando en libertad y sin persecución a exdiputados y empleados del Congreso que eran acusados de contratar a personas que jamás se presentaron a laborar, pero que sí cobraban un sueldo.
Entre los beneficiados se encuentra el expresidente del congreso, Luis Rabbé, quien estuvo prófugo de la justicia desde que inició el proceso legal en su contra, así como su hermano Alfredo Rabbé, y los diputados que integraron con él la Junta Directiva: Selvin García, César Fajardo, Alexander Castillo, Julio César López Villatoro, Carlos Enrique López Girón, Carlos Herrera Quezada, Christian Boussinot, Arístides Crespo, Juan Alcázar y Marcelino Chutá.
También se sindicaba a 47 trabajadores del Congreso, entre ellos el exdirector General, Luis Mijangos, y otros más que fueron señalados de crear las famosas plazas fantasma dentro del Legislativo. Incluso, el exdiputado Edgar Cristiani, quien aceptó los cargos, ya no será colaborador eficaz en un caso similar en Salud, luego que Curruchiche argumentara que hubo vicios en el procedimiento.
Caso Financiamiento de la UNE
La Corte de Constitucionalidad (CC) emitió una resolución en la que benefició a la exprimera Dama de la Nación y excandidata presidencial, Sandra Torres, así como al exsecretario Privado de la Presidencia, Gustavo Alejos, luego que resolvió que 10 implicados en el caso Financiamiento Electoral de la UNE (Unidad Nacional de la Esperanza) no podrán ser procesados por el delito de financiamiento electoral no registrado, debido que ese delito no estaba vigente en el Código Penal cuando la FECI inició el proceso en su contra.
Además, el recién pasado 17 de octubre, el Juzgado de Mayor Riesgo A, a cargo de Claudette Domínguez, dio cumplimiento a una orden de la Sala Segunda de Mayor Riesgo en la que confirmó que Sandra Torres podrá movilizarse en todo el país y se le permite retomar sus actividades políticas con la UNE, partido político con el que pretende lanzarse como candidata a la presidencia.
Mientras que la semana pasada la CC benefició a Torres al confirmar su libertad condicional, luego de rechazar un amparo de la FECI, en la que pretendía revocar las medidas sustitutivas en favor de la política.
Absueltos
En septiembre del año pasado, la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones confirmó la absolución de José Manuel Morales, hijo del expresidente Jimmy Morales; y de su hermano, Sammy Morales, ambos implicados en el caso Botín Registro de la Propiedad.
Según la acusación de la FECI, el hermano y el hijo del exmandatario fueron partícipes de un plan para defraudar al Registro de la Propiedad a través de la entrega de unas canastas navideñas. Por el mismo caso fueron condenadas Anabella de Leóny Samantha Mejía Salguero, exregistradora de la Propiedad y exdirectora de Recursos Humanos, a quienes no les dieron cárcel, sino que las beneficiaron con una multa de Q5 mil cada una.
El diputado con inmunidad
Involucrado en el caso Traficantes de Influencias en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), el diputado Felipe Alejos, ha logrado ser beneficiado y mantener su cargo, gracias a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la cual ha negado retirarle el derecho de antejuicio en cuatro oportunidades.
En tanto, el gobierno de Estados Unidos lo incluyó en la lista de la Ley Magnitsky, en donde congeló sus bienes y propiedades en ese país, y le retiró la visa. Además, el Departamento del Tesoro estadounidense lo señaló de "interferir en el proceso de elección de magistrados de la CSJ y de la Corte de Apelaciones". También lo incluyó en la Lista Engel de actores "corruptos" y "antidemocráticos".
Los sobornos de Galdámez
El Juez suplente de Mayor Riesgo D, Edwin Ramírez, resolvió dejar en libertad condicional al exdiputado y excandidato presidencial por le Partido Patriota (PP), Estuardo Galzámez, quien pagó una fianza de Q100 mil.
Galdámez es acusado en el caso Asalto al Ministerio de Salud. En el que se creó una estructura dentro del Ministerio de Salud para el cobro de sobornos por la adjudicación de obras o por el pago de obras ya adjudicadas y por plazas fantasma. El excongresista se habría beneficiado con un soborno Q2 millones por intermediar una adjudicación anómala en Ixcán, Quiché.
Exrectores liberados
Los exrectores de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), Estuardo Gálvez y Murphy Paiz, fueron liberados luego que el juez suplente de Mayor Riesgo D, Edwin Ramírez, les otorgara una medida sustitutiva "por razones humanitarias", luego que los implicados legaron padecer varias enfermedades, razón por la que también declaró reserva del caso.
Paiz y Gálvez están vinculados en el caso Comisiones Paralelas 2020, en donde la FECI reveló que los listados de candidatos para elegir cortes de Apelaciones y de la CSJ fueron manipuladas. Hasta julio pasado, los exrectores habían permanecido en prisión preventiva, por orden de la exjefa del Juzgado de Mayor Riesgo D, Erika Aifán, quien consideró que existía riesgo de que se obstaculizaran las investigaciones.
Con medida sustitutiva
El expresidente del Congreso, Pedro Muadi, ha sido otro de los beneficiados en la nueva oleada de liberaciones en las cortes de mayor riesgo, empujada por la inacción del MP en algunos casos, luego que un juez de primera instancia penal le otorgara medida sustitutiva y arresto domiciliario sin caución económica.
Muadi estuvo seis años en prisión luego de ser condenado a 8 años de prisión, de 30 que se había solicitado, al ser encontrado culpable de los delitos de peculado por sustracción ilícita y lavado de dinero u otros activos, al utilizar su empresa de Productos, Servicios y Equipos para recibir dinero sustraído del Congreso a través de la modalidad de plazas fantasma.
Arresto domiciliario
Luego de pagar Q1 millón de fianza, el polémico abogado Francisco García Gudiel, conocido como "El Gato Gudiel", fue dejado en libertad por orden del Juez Suplmente de Mayor Riesgo D, Edwin Ramírez, quien le otorgó arresto domiciliario.
García Gudiel está implicado en el caso Asesoría Legal, Operación Lavado de Activos, luego de haber simulado asesorías legales con el objeto de lavar cerca de Q59 millones del caso Construcción y Corrupción Fase 1.
Otros beneficiados
- Julio Juárez. Acusado del asesinato de un periodista, fue absuelto por el Tribunal de Mayor Riesgo B.
- Jorge Raúl Cardona, implicado en el caso Traficante de Influencias fue liberado por falta de mérito, la decisión la tomó la juez de Mayor riesgo A, Claudette Domínguez.
- Magistrado José Felipe Baquiax, vinculado al caso Comisiones Paralelas, no puede ser investigado por decisión de la CC que rechazó un amparo que buscaba que se le retirara el antejuicio.
- La CC también benefició a la magistrada Vitalina Orellana, al rechazar un amparo de la FECI, en el que pedían retirarle el derecho de antejuicio. La abogada está incluida en la Lista Engel de EE.UU.
- Yeison Samayoa, exdirector del Insivumeh, implicado en la compra millonaria irregular de equipo meteorológico, fue beneficiado la devolución de su vehículo, con arresto domiciliar y una caución de Q300 mil, por el Juez Quinto Penal.
- Saray Villavicencio, hija del exministro de Salud, Jorge Villavicencio, está señalada en el caso Asalto al Ministerio de Salud acusada de crear plazas fantasma, pero el juez de Mayor Riesgo D, Edwin Ramírez, le otorgó arresto domiciliar, para lo que pagó Q100 mil.
- Raúl Soroy, empresario acusado de pagar sobornos a Roxana Baldetti, fue beneficiado con arresto domiciliar por razones humanitarias, otorgadas por el juez de Mayor Riesgo B, Miguel Angel Gálvez.
- Pese a estar señalado en el caso de Comisiones Paralelas, José Alejandro Córdova, fue electo como nuevo titular de la PDH.
