Luego de que utilizó la Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer para denunciar al medio de comunicación elPeriódico, la candidata de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Sandra Torres, publicó un comunicado en el que justifica sus acciones.
La candidata a la presidencia y exprimera Dama, aseguró que "siempre ha dado la cara" y que "defiende la libertad de expresión y de prensa". Sin embargo, justificó que "algunas personas que se escudan en la libertad de expresión de manera sistemática han proferido descalificaciones, ataques sin pruebas y ofensas deliberadas" contra su persona.
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Según Torres, además de ser una "persona pública", es "una mujer y madre de familia con dignidad, cuya reputación y tranquilidad han sido dañadas". Además, indicó que hay publicaciones que han "generado conductas de odio y violencia verbal" hacia ella y sus seres queridos.
En diferentes oportunidades, algunas mujeres en el ámbito político han utilizado la Ley contra el Femicidio para atacar a sus contrincantes y opositores. Una de ellas han sido las diputadas Delia Bac y Patricia Sandoval, quienes ha sido duramente criticadas por legisladores de la UNE, quienes han argumentado que con ello descalifican la normativa que se decretó para defender a las mujeres que son víctimas de violencia.
No obstante, ahora Torres afirmó que reconoce la labor de los periodistas y de los medios de comunicación por "defender la libertad de expresión y garantizar el libre ejercicio del trabajo periodístico". Empero, una sala de apelaciones le otorgó medidas cautelares que prohíben a elPeriódico publicar cualquier información relacionada con la candidata de la UNE.
Pero elPeriódico no es el único que ha sido obligado a no investigar nada contra Torres, la aspirante a la presidencia también tiene medida cautelares en su favor contra los fiscales del Ministerio Público: Juan Francisco Sandoval y Andrei González, a quienes los acusó de perturbarla, luego de que presentaron un antejuicio para retirarle la inmunidad e investigarla por financiamiento electoral ilícito.
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