Aunque ya se realizó la distribución analítica del Presupuesto General de la Nación, el plan de gastos del Gobierno podría quedar sin efecto.
OTRAS NOTICIAS: Suman tres las acciones legales contra el Presupuesto 2025
Tres acciones legales se han presentado en contra del Presupuesto General de la Nación que el Congreso aprobó para este 2025, lo cual pone en riesgo los planes para el segundo año de gobierno de Bernardo Arévalo.
La medida más reciente es una inconstitucionalidad que fue promovida por el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) y ya es objeto de críticas.
El líder de los diputados oficialistas, Samuel Pérez, usó las redes sociales para fijar su postura sobre esa acción y recriminó al sector empresarial por no haber actuado en los gobiernos de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei, cuando los presupuestos iban "descaradamente destinados a corrupción".
Según el legislador, el Cacif no fue diligente cuando se "eliminaban controles de transparencia" o se dirigían los fondos públicos a campañas políticas.
"Ahora que se aprueba presupuesto sin corrupción, pero sin negocios, deciden presentar (inconstitucionalidad), escribió en su cuenta de X (Twitter).
La acción del Cacif
El pasado lunes 6 de enero, el Cacif presentó una acción de inconstitucionalidad parcial contra el Presupuesto 2025, el cual asciende a más de Q148,526 millones, pero podría superar los Q157 mil millones, debido a ampliaciones que el Ministerio de Finanzas podría aplicar.
Son precisamente esas medidas las que el empresariado pide que queden sin efecto.
Uno de los artículos que solicitan eliminar en el decreto que dio vida al plan de gastos es el que otorga un incremento de Q2 mil millones procedentes de donaciones, créditos que ya estén en ejecución, aportes mediante extinción de dominio y emisión de bonos de carbono.
También se oponen al alza de los ingresos para los consejos departamentales de desarrollo, cuya cifra es de aproximadamente Q3,200 millones, así como al aumento de recursos para financiar a las clases pasivas del Estado.
Por medio de un comunicado, el Cacif indicó que tales disposiciones violentarían el ordenamiento jurídico del país.
En manos de la CC
La citada medida legal ahora está en manos de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), quienes deberán conocer los argumentos de las partes involucradas y decidir si el presupuesto queda vigente o sufre modificaciones.
En la misma situación se encuentran acciones planteadas con anterioridad por el diputado Bequer Chocooj, del bloque Cabal, y un grupo de abogados encabezados por Miguel Balsells.
Todos alegan irregularidades en el techo de gastos aprobado por el Congreso durante la madrugada del 27 de noviembre.
Mientras la CC resuelve, el Gobierno está facultado para ejecutar el Presupuesto, cuya distribución analítica se hizo oficial el pasado 2 de enero.
