¿Cómo es que uno de los funcionarios encargados de la seguridad pública del país logró evadir la orden de captura en su contra? No hay respuesta clara por ahora, pero si sospechas.
Transcurrieron seis días desde que la jueza Claudette Domínguez giró la orden de captura el martes 23 de octubre hasta el día del allanamiento a la residencia el lunes 29.
Un investigador que participó en el operativo de vigilancia en la residencia confió que Kamilo Rivera no tenía una rutina establecida. No tenía horario fijo para salir de su casa y trasladarse al Ministerio de Gobernación y a veces, se documentó que, dormía en su despacho. Atraparlo no sería fácil, pero el operativo se montó con la certeza que ese encontraba en su residencia.
En la vivienda allanada vive con su esposa a quien se le notificó a las seis de la mañana del lunes 29 de octubre que su cónyuge tenía la orden de aprehensión por ejecución extrajudicial. Ella informó que ya había salido de la vivienda, según los indicios se habría retirado ese lunes 29 antes de las cuatro de la mañana.
El otro investigador que llegó con una copia de la orden de captura al despacho de Gobernación contó que fue atendido por la secretaria de Kamilo Rivera, el funcionario tampoco estaba en ese lugar y solo respondió una llamada de su asistente a quien le habría dicho que junto a un equipo legal analizaba la situación.
Sus guardaespaldas
El personal de seguridad asignado a Rivera y su familia son miembros de la Policía Nacional Civil entrenados para brindar protección a personalidades de ahí el nombre de la unidad: División de Protección de Personalidades y de Seguridad (DPPS).
En turnos rotativos 24 policías lo custodiaban, gente de su total confianza.
La Inspectoría General de la Policía inició con la investigación interna al equipo de seguridad, una fuente relacionada explicó que "es poco probable que ellos supieran de la orden de captura" debido a que con la Fiscalía Especial contra la Impunidad, a cargo del caso, trabaja un equipo especial de policías que no comparte información con la institución.
Pero, el número de los policías se redujo drásticamente a partir del primer trimestre del año. El Comisionado Iván Velásquez hizo pública la situación informando que 20 de los agentes habían sido trasladados a otras dependencias y nunca fueron reincorporados.
La renuncia
Una carta de renuncia se hizo pública el 31 de octubre. La nota de dimisión está escrita en una hoja con membrete del Ministerio de Gobernación y fechada el 29 de octubre, el mismo día de los allanamientos.
No está claro si la carta fue escrita en el despacho, al estar membretada o papel oficial es utilizado fuera de las instalaciones.
El Ministerio Público ha requerido los videos de seguridad del Ministerio de Gobernación para constatar si Kamilo Rivera llegó a su despacho ese 29 de octubre.
El Ejecutivo, que mantiene una discordia con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), no se ha pronunciado firmemente respecto a la situación de uno de sus funcionarios de altísimo nivel.
La primer reacción del Ministro Enrique Degenhart fue decir que no sabía nada de su viceministro, horas más tarde se le instó a Kamilo Rivera por medio de un tuit institucional a "dilucidar su situación jurídica". El viernes la institución dio a conocer que fue dimitido de su cargo y pronto se conocerá el nombre del nuevo sustituto.
La Policía Internacional (Interpol) ya emitió la alerta de búsqueda internacional.
El caso
Kamilo Rivera es señalado de ejecución extrajudicial. El MP y la CICIG informaron que Rivera habría sido parte de un grupo paralelo que ejecutó a privados de libertad que se fugaron de la cárcel El Infiernito y por lo que se realizó el "Plan Gavilán".
La jueza de Mayor Riesgo A, Claudette Domínguez, giró a petición de la fiscalía cinco órdenes de captura y emitió tres citaciones. Los involucrados son; citados: Axel Arnoldo Martínez Arreaza, expolicía; Víctor Hugo Soto Diéguez, exjefe del SIC (Servicio de Investigación Criminal) y Erwin Johan Sperinsen Vernon, exdirector de la PNC. Los tres por ejecución extrajudicial.
Las cinco órdenes de captura son las de Kamilo Rivera, exoficial de Policía; Carlos Roberto Vielmann Montes, exministro de Gobernación; Suhairam Stu Velasco Crispín, exoficial de la PNC en el momento de los hechos y siendo su último cargo en la institución policial de Subdirector de Investigación. Francisco Guarcas de Paz y Victor Manuel Ruiz González.
