El Ministerio Público presentó una solicitud de antejuicio en contra del juez Erick Garcia por varios delitos. Además, una sala anuló su resolución y le certificó lo conducente.
EN CONTEXTO: Gabriel Aguilera asume presidencia del TSE, juez levanta prohibición
El juez Erick García levantó la prohibición a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y con ello pudieron volver a sus cargos.
Esta resolución es usada por el Ministerio Público para acusar al juez de varios delitos. La Fiscalía de delitos Administrativos lo acusa de abuso de autoridad, resoluciones violatorias a la constitución y prevaricato, pues emitió la resolución siendo juez suplente y no el titular del expediente.
La resolución del juez García ocurrió entre el 9 y 10 de enero pasado.
Sala Tercera anula resolución
Horas más tarde de la solicitud de antejuicio del MP, se desarrolló una audiencia en la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones.
La audiencia estaba programada por una recusación presentada en contra del juez García y de Mario Hichos, quienes han conocido el Caso TREP. En la audiencia se debió resolver si los jueces seguían conociendo el caso o no.
Sin embargo, entraron a conocer una petición del MP de actividad procesal defectuosa, por la resolución de García, que permitió que los magistrados retomaran sus labores y decidió resolverla de oficio.
Los magistrados de la Sala Tercera resolvieron dejar sin efecto la resolución de García y además, certificarle lo conducente, por considerar que se extralimitó en sus funciones. Aunque esta decisión de la Sala aún no está en firme.
Ante esto, el recién nombrado presidente del TSE, Gabriel Aguilera, dijo que apelarán dicha resolución.
El caso contra los magistrados
Los magistrados Irma Palencia, Ranulfo Rojas, Vladimir Aguilera y Mynor Franco perdieron la inmunidad en diciembre de 2023 por una denuncia de anomalías en la contratación del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).
El 11 de enero, el MP confirmó órdenes de captura en su contra, pero los magistrados ya habían dejado el país desde el 1 de diciembre de 2023.
En 2024, los magistrados se presentaron ante el Juzgado Duodécimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal.
La jueza Karen Chinchilla escuchó la imputación del Ministerio Público, así como la defensa de los magistrados, y decidió resolverlos a proceso penal por el delito de fraude a los cuatro.
El MP pidió que los magistrados fueran enviados a prisión preventiva por considerar que podrían obstruir las investigaciones. Sin embargo, la jueza les otorgó medidas sustitutivas, con arresto domiciliario, prohibición para salir del país y el pago de una caución económica de Q100 mil cada uno.
Los magistrados llegaron al juzgado para solventar la situación jurídica, ya que tenían una orden de captura por supuestas anomalías en la contratación del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).
Según el MP, se cometió fraude al adquirir este sistema a Datasys. S.A., porque en otros países un sistema similar tuvo un costo menor.
