El juez Undécimo de Primera Instancia Penal, José Eduardo Cojulum, resolvió que sí existen indicios de fraude por la compra del edificio para uso del Ministerio Público (MP) en la zona 5.
La Fiscalía de Asuntos Internos presentó el caso en contra de 7 personas, incluida la exfiscal Thelma Aldana, pero solo 4 implicadas se han puesto a disposición, y hoy el juez emitió la resolución por la audiencia de primera declaración que realizó por varios días.
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La resolución
Cojulum resolvió que tres de las cuatro señaladas deben enfrentar el proceso penal por fraude y las ligó a proceso. En relación al delito de abuso de autoridad declaró la falta de mérito.
El juzgador explicó: "Podría haber un posible engaño" y aclaró que esta fase es inicial y el MP debe seguir con la investigación.
También dio a conocer que en el expediente se incluye una denuncia de la Contraloría General de Cuentas que está dirigida en contra de personal de Dicabi por un mal procedimiento en el avalúo al edificio "va en contra del Dicabi y no en contra de personal del MP" dijo el juez a quien le pareció extraño que la Contraloría no sea querellante en el proceso.
Las exfuncionarios del MP que enfrentarán el proceso penal son Miriam Salazar Duarte, Patricia Guzmán y Diana Benavides.
En relación a la particular, Lourdes Estrada Leyton se declaró la falta de mérito por el delito de apropiación indebida de tributos y se le concedió la libertad inmediata.
Con arresto domiciliar
El juez Cojulum resolvió que las tres exfuncionarias del MP pueden esperar la investigación con arresto domiciliar sin fianza, considerando así que no existe peligro de fuga o de obstaculizar la investigación.
Explicó que las pesquisas de la fiscalía están avanzadas y que no es probable que puedan destruir documentos. Tampoco consideró que puedan mantener comunicación con los otros implicados que no trabajaron en el MP y con Thelma Aldana que se encuentra fuera del país.
Decidió no dictar el auto de prisión y en su lugar les concedió el arresto domiciliar en su residencia, les prohibe salir del país y les obliga a presentarse cada ocho días a firmar el libro de asistencias.
Al fiscal le dijo que tiene cuatro meses para concluir la investigación y determinar si pedirá juicio para las procesadas.