El proceso legal iniciado contra el exvicepresidente Juan Francisco Reyes lleva 10 años de retraso, y se augura que continué entrampado en los Tribunales.
Ahora por una recusación que presentó la Fiscalía contra la Corrupción en contra de la jueza Quinta de Primera Instancia Penal, a quien señalan de haber emitido opinión, por no permitir que el Ministerio Público (MP) modificará la acusación presentada en 2004.
Sin embargo, el abogado Gabriel Orellana, quien defiende a Reyes López, considera que el MP "tiene miedo a que pueda optar a un cargo público" y por ello pretenden "bloquearle la candidatura", aunque no aclara si efectivamente se presentará como candidato en el próximo proceso electoral.
Reyes López, que gobernó junto al expresidente Alfonso Portillo (2000-2004), es sindicado de caso especial de estafa, peculado, abuso de autoridad, concusión y fraude, por supuestamente hacer un préstamo al Patronato Antialcohólico, el cual suponen no hubiera podido ser pagado, y a cambio se le entregaría el terreno que ocupa el Patronato en la zona 12.
En la investigación también se involucra a Daniel William Castillo Rivera y Freddy Alberto Jérez González.
Actualmente Reyes López se encuentra libre al haber sido beneciado con el pago de un millón de quetzales como fianza.
Impunidad
Lizando Acuña, investigador del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos, opinó que el problema de la demora en los procesos judiciales genera impunidad, especialmente en los casos paradigmáticos.
Los recusos más utilizados para atrasar los expedientes son las recusaciones y amparos, además que se utiliza el tráfico de influencias o la presión a los jueces.
Acuña explica que un recurso de amparo puede llevar hasta 2 años en ser resuelto, cuando el plazo debería ser 45 días.
