Varios diputados consideran que algunos jueces abusan al aplicar la prisión provisional y preventiva contra presuntos delincuentes, por lo cual buscan regular esos mecanismos.
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Fijar plazos específicos para que los jueces "no abusen de la prisión preventiva" y no mantengan detenidos indefinidamente a los acusados de cometer delitos es el propósito de la primera iniciativa de ley que se presenta este año en el Congreso de la República.
Gestada en el seno de la Comisión de Reformas al Sector Justicia, la propuesta establece que los jueces deberán otorgar arresto domiciliario u otra medida sustitutiva a los acusados, cuando hayan vencido los plazos determinados para las diferentes etapas del proceso penal.
Con el proyecto se pretende reformar el Código Procesal Penal y uno de sus promotores es el diputado Álvaro Arzú Escobar, presidente de la citada sala legislativa.
No más prisión provisional
La iniciativa también impediría la aplicación de la prisión provisional, una figura que ha sido duramente criticada no solo por diputados sino también por otros sectores, quienes la consideran una violación al derecho de las personas imputadas de alguna actividad ilícita.
El texto que ya fue recibido por la Dirección Legislativa del Congreso establece que "en ningún caso se podrá ordenar el ingreso provisional del sindicado a ningún centro de detención o privación de libertad, sin que previamente se haya realizado la audiencia de primera declaración".
Además, indica que la única forma de enviar a la cárcel de manera preventiva a un acusado sería que fuera ligado a proceso por un juez. En caso de que hubiera peligro de fuga, el Ministerio Público tendría que acreditar que, en efecto, existe algún riesgo.
Arzú explicó que la intención es fijar plazos máximos para que el sistema de justicia responda a los procesos correspondientes y para ello tendría que aplicar los mecanismos que encontrara convenientes, "porque el acusado no tiene culpa de los retrasos".
Según el legislador, lo que se busca es que las personas no permanezcan meses o hasta años detenidas a la espera de la audiencia respectiva, fuera esta de primera declaración o etapa intermedia.
Los plazos
Si la propuesta se aprobara, el Organismo Judicial (OJ) quedaría obligado a garantizar que una persona capturada sea escuchada en primera declaración en 24 horas.
Si el sujeto quedara ligado a proceso y se otorgaran, por ejemplo, dos meses al MP para presentar la acusación formal y este no cumpliera con el plazo, el detenido tendría que ser favorecido con arresto domiciliario o arraigo, por mencionar algunas medidas sustitutivas.
Además, cuando el sindicado llevara más de un año en prisión preventiva sin que su caso avance, se tendría que ordenar su libertad inmediata.
No obstante, tal beneficio no se aplicaría para todos los acusados, sino más bien beneficiaría a los señalados de corrupción o evasión de impuestos, entre otros. Pero no se otorgaría a reincidentes o presuntos extorsionistas.
¿Y si no hay recursos?
Arzú reconoció que uno de los retos que enfrentaría el sistema de justicia para aplicar tales disposiciones se relacionan con la falta de recursos; sin embargo, hizo ver que le correspondería a ese poder del Estado buscar los mecanismo para cumplir con la ley, si se aprobara.
Según dijo, la potestad del Congreso es establecer las normas y las instituciones que tienen que cumplirlas, en este caso el OJ, "tienen que ver qué hacer", tanto financieramente como en el ámbito de infraestructura para atender lo ordenado.
Para avanzar, el proyecto de ley deberá ser conocido por el pleno de diputados. Esto haría que el texto regrese a la Comisión de Reformas al Sector Justicia, la cual prevé realizar audiencias con diferentes sectores para determinar la viabilidad de implementar las medidas descritas.
