Guatemala tiene un amplio potencial para aprovechar sus recursos hídricos y convertirlos en energía renovable. Y un ejemplo de ello es el gran número de plantas hidroeléctricas con las que cuenta el país y las que están en proceso de construcción y autorización.
Actualmente, el territorio nacional alberga un total de 31 plantas en operación que acumulan una capacidad instalada de 1 mil 232 megavatios (MW) de potencia.
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El proyecto hidroeléctrico que pone en jaque al ministerio de Ambiente https://t.co/KQ2hFffqXB pic.twitter.com/3sTWTwjY7H
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Sin embargo, esta cifra podría aumentar a corto plazo dado que el país tiene un potencial aún mayor. Por el momento, el Ministerio de Energía y Minas contempla 14 proyectos en construcción, en su mayoría en Alta Verapaz; otros 15 están autorizados, pero no han empezado a construir; y 8 se encuentran en trámite para obtener la licencia.
Respecto a la ubicación, las plantas se reparten principalmente por los departamentos de Quetzaltenango y las Verapaces que concentran gran parte del recurso hídrico nacional y de mayor cauce como el río Samalá o el Cahabón.
Aunque entre las ideas se busca diversificar otras áreas menos explotadas como San Marcos o Huehuetenango.
La matriz
Según las últimas cifras del Ministerio de Energía y Minas, el 58 % de la energía que se produce en el país se genera de forma limpia, lo que significa que aún es muy alta la dependencia en el carbón mineral y el búnker.
La Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) y los Agentes del Mercado Mayorista (AMM) detallan que la principal generadora de energía en Guatemala son las hidroeléctricas (34 %), seguido de las plantas de biomasa (27 %) y el carbón mineral (25 %).
La polémica
La construcción de este tipo de instalaciones ha generado polémica entre las comunidades donde se ubican. Históricamente está el caso de Chixoy, donde más de 2 mil familias reciben en la actualidad una compensación para reparar los daños que se ocasionaron hace 30 años, cuando fueron forzados a abandonar sus hogares para la construcción de este proyecto.
Otro caso es el de la suspensión de la licencia de Oxec en Santa María Cahabón, presuntamente por haber incumplido con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en la que obliga a realizar una consulta popular antes de comenzar los trabajos para ver si los habitantes de la zona están a favor y no les va a afectar.
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CC autoriza que la hidroeléctrica Oxec concluya algunas obras https://t.co/LUS9Peepm2 pic.twitter.com/4MhtY2zpBZ
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Además de estos casos, el de Rocjá Pontilá, en el río Icbolay, es otro de los más recientes. Durante años, el plan ha estado esperando a recibir la autorización por parte del Ministerio de Ambiente y aún no se ha recibido el visto bueno.
En un principio, este se frenó porque atentaba contra el parque nacional de Laguna Lachuá, según dictámenes del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap). Sin embargo, Aurelio Asturias, uno de los inversionistas, explicó en una conversación con Soy502 que no afecta al recurso hídrico de la laguna.
"En el gobierno pasado fuimos víctimas de continuos retrasos e indirectas que podrían mal interpretarse", denunció Asturias.
Con la llegada de la nueva administración, el empresario fue señalado de haberse aprovechado de favores políticos de parte de la familia de Jimmy Morales y del ministro de Ambiente, Sydney Samuels, pero lo negó rotundamente.
Asturias confirmó que el ministro Samuels viajó en helicóptero a la zona de Rocjá Pontilá, pero no hubo intención de comprar su decisión y, por otro lado, calificó de casualidad la fotografía en la que aparece en un acto de campaña de FCN Nación justo detrás de Sammy Morales, hermano del presidente.
Pobladores apoyan la construcción de la hidroeléctrica Rocja Pontilá porque según ellos no se van a ver afectados @soy_502 pic.twitter.com/27mSga71sL
— Roberto Caubilla (@RobertoCSoy502) 20 de febrero de 2017
"Era la primera vez que lo veía", se justificó el empresario.
Por su parte, los pobladores se acercaron a la capital a expresar su aprobación. En esa visita a la capital, entre otras cosas, confirmaron que 43 de ellos reciben más de 13 mil quetzales mensuales al año por la renta de los terrenos donde se ubicará la nueva central cuando se apruebe.
En total, la renta de los terrenos es de 600 mil quetzales anuales. Aparte de ese dinero, la comunidad recibirá otros beneficios por el proyecto cuando este comience su operación. Mientras tanto, confirmaron que la sociedad que se creó para la inversión, Proyecto de Desarrollo Integral Pontila, S.A., mejoró los caminos de acceso a la comunidad, construyó un puente y un centro de salud.
