Guatemala buscará un arreglo con una minera de capital estadounidense-canadiense ante el riesgo que corre de perder una demanda de 300 millones de dólares presentada ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) por la suspensión de las operaciones de una mina en el 2016, confirmó la agencia de noticias EFE.
"Tenemos ese riesgo y vemos cuesta arriba el caso", manifestó el ministro de Economía, Acisclo Valladares, quien fue citado junto a otras autoridades por la Comisión de Energía y Minas del Congreso para conocer las implicaciones que tiene la demanda por el caso de la mina Progreso VII Derivada.
- RECUERDA:
El funcionario explicó que en la actualidad se está en el proceso de seleccionar al panel de arbitraje después de que el pasado diciembre el Ciadi admitiera la demanda presentada por los estadounidenses Daniel W. Kappes y Kappes, Cassidy & Associates.
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La mina de oro y plata Exploraciones Mineras de Guatemala, es una filial de la estadounidense Kappes Cassiday & Associates (KCA) y también cuenta con capitales canadienses.
La demanda internacional fue presentada por la suspensión en 2016 de las operaciones de la mina, que está entre los municipios de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc.
- ADEMÁS:
Las operaciones fueron suspendidas por una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC), la máxima instancia jurídica de Guatemala, argumentando que no se realizó una consulta a las comunidades antes de otorgar la licencia de explotación.
El ministro de Economía dijo que Guatemala buscará un arreglo con la empresa porque el impacto del resultado de la demanda para el país puede ser negativo y ahuyentar la inversión.
"Es difícil cuantificar el impacto porque con estos casos se afecta al potencial inversionista, ya que cuando se promociona a Guatemala en el extranjero sale a luz el tema de las minas", dijo el funcionario a los diputados.
