El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidió otorgar un amparo en definitiva que suspende la licencia minera otorgada al proyecto Progreso VII Derivada que opera entre San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, conocido como La Puya.
Según el amparo presentado por el Centro de Acción Legal Ambiental y Social (Calas), el otorgamiento de la licencia sin una consulta previa, viola los derechos comprendidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los Pueblos Indígenas y Tribales.
Cabe destacar que en los primeros días de junio, el Ministerio Público realizó un allanamiento para comprobar si la compañía extractora había cumplido con una resolución provisional de la CSJ y de la Corte de Constitucionalidad (CC), que obligaba a la suspensión de actividades, hasta que se efectúe la consulta comunitaria correspondiente.
Desde el inicio del proyecto minero, pobladores de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc constituyeron el movimiento de resistencia denominado La Puya, que por meses permaneció en las afueras de Progreso VII Derivada.