En una audiencia pública en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), un grupo de pobladores en resistencia, pidieron por medio de sus abogados el cierre definitivo de las operaciones de la mina Progreso VII Derivada, ubicada entre San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, frente a la cual se instaló el grupo de resistencia denominado La Puya quienes se oponen a las operaciones mineras.
La Corte en un amparo provisional emitido en febrero de este año, ordenó la suspensión de operaciones y luego de esta audiencia se espera la resolución definitiva.
Decenas de personas fueron movilizadas para asistir a la vista pública, donde se escucharon los argumentos de los representantes de la mina y la organización Calas que presentó el amparo contra la licencia de autorización que en 2011 extendió el Ministerio de Energía y Minas a favor de la compañía Exploraciones Mineras de Guatemala (Exmingua).
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Rafael Maldonado, director legal de Calas, reiteró el planteamiento en contra de la mina debido a que, según él, la empresa no realizó la consulta comunitaria y los trabajos ponen en riesgo los recursos hídricos del Corredor Seco.
Mientras el abogado de la mina, Stuardo Ralón, explicó que las consultas se realizaron cuando se hizo el informe de impacto ambiental “se consultó a los Cocodes, alcaldes y religiosos” aseguró.
Los representantes de la mina explicaron que actualmente trabajan 170 personas en el lugar .
La Corte Suprema de Justicia podría resolver en definitiva en 10 días, el amparo solicitado por el Centro de Acción Legal y Ambiental de Guatemala.
