La jueza Érika Aifán, titular del Juzgado de Mayor Riesgo D, denunció al Estado de Guatemala ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
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La jueza Aifán hace ver a los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que reclama el derecho a su independencia judicial, a la vida y el debido proceso.
Señala que el Estado de Guatemala no ha cumplido a cabalidad las medidas cautelares de seguridad que le fueron impuestas desde 2019.
Aunque no hace pública la deficiencia, sí explica que no son adecuadas y que no se ha dado respuesta a la solicitud de mejorarlas.
En su denuncia menciona que ha padecido ataques, amenazas y hostigamiento a través de redes sociales.
Además describe que existe persecución penal en su contra por denuncias interpuestas. Dos antejuicios específicamente están a punto de ser resueltos por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y ha tenido conocimiento que podría resolverse con lugar, dando pasó así a una investigación en su contra.
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La juzgadora explicó también lo que considera una amenaza por parte de la fiscal general, Consuelo Porras. Recordó que cuando fue destituido Juan Francisco Sandoval, la jefa del Ministerio Público dijo que él trasladaba información a ciertos actores.
En la demanda manifiesta que aunque no identificó con nombre y apellido a Aifán, "es sabido que el fiscal Sandoval llevaba muchos casos ante la ella", por lo que se considera una amenaza implícita.
El equipo legal de Aifán hace estas peticiones en concreto a la CIDH:
- Que el Estado de Guatemala se abstenga de procesar antejuicios, procesos penales y procesos disciplinarios.
- Investigar y procesar dentro de un plazo razonable, con debida diligencia el debido proceso de las denuncias tanto penales como disciplinarias.
- Proporcionar medidas de seguridad adecuadas para ella, su familia y para su función judicial.
- Dotar a la jueza de los recursos idóneos para el desempeño de su función.
- Tomar medidas para respetar y proteger la independencia judicial de la jueza.
- Reformar las leyes para prohibir procesos penales o disciplinarios fundamentados en el criterio jurídico de una jueza en el ejercicio de sus funciones.
- Pagar reparaciones para cualquier daño material o moral que resulta de las violaciones de la independencia judicial y los derechos humanos de la jueza, en el supuesto caso que el Estado no cumpliera con la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Aquí puedes leer la demanda: https://bit.ly/VCKSELAD
