Proteger la vida, la falta de disponibilidad presupuestaria para atender a refugiados y la posibilidad de atentar contra la soberanía nacional, fueron los argumentos que usó la Corte de Constitucionalidad (CC) para evitar que el presidente Jimmy Morales firmara un acuerdo con su homólogo estadounidense Donald Trump, que pretendía convertir a Guatemala en un "Tercer país seguro".
Como ha sido costumbre en el Gobierno de Morales, no hubo información oficial acerca del viaje que Morales haría hacia Estados Unidos (EE.UU.). Sin embargo, en medios estadounidenses trascendió que se firmaría un acuerdo para convertir al país en un refugio para atender a los migrantes que buscan el sueño americano.
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La noticia no fue bien recibida en el país. Dos acciones de amparo se colocaron ante la CC para evitar que Morales consumara la firma del acuerdo. Ambos fueron aceptados por los magistrados que defienden la Constitución, pese a que el mandatario argumentó que se estaba violando su derecho de cumplir con las funciones constitucionales que le corresponden y amenazó con no acatar lo que resolviera el máximo órgano constitucional.
Además, Morales alegó que los actos reclamados no tenían un fundamento real, sino que estaban basados en "conjeturas, noticias de periódicos locales y cartas de Congresistas sin ninguna prueba".
Sin embargo, los magistrados le respondieron que "no hay ámbito que no sea susceptible de amparo" y que la CC "procederá siempre que los actos, resoluciones, disposiciones o leyes de autoridad lleven implícitos una amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución y las leyes garantizan".
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De igual forma, la CC consideró que de firmarse un acuerdo para hacer de Guatemala un "Tercer país seguro" podría significar la violación de los derechos no sólo de las personas que pidan asilo, sino que también del Estado guatemalteco porque podría comprometer recursos con los que no se cuentan.
Según la CC, el Presidente no estaba facultado para firmar dicho acuerdo, sino que debería ser aprobado por el Congreso de la República. Por tal razón, los magistrados conminaron a la canciller Sandra Jovel; al ministro de Gobernación, Enrique Degenhart; y al presidente Morales a no firmar el acuerdo.
Aunque Morales negó que la intención era llegar a EE.UU. con la finalidad de firmar el acuerdo, horas antes de la resolución de la CC informó que cancelaría la reunión con Trump. Pese a ello, los magistrados ampararon al procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas; y a la entidad Acción Ciudadana, quienes veían una amenaza en las acciones que haría el mandatario en su viaje, del cual hasta el momento se desconocen las intenciones reales.
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