El pulso entre el Ejecutivo y el Ministerio Público, a cargo de Consuelo Porras, sigue librándose en el plano legal; ahora se trata de una denuncia en contra del Secretario General del Ministerio Público.
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El Organismo Ejecutivo, a través de la Secretaría General de la Presidencia, presentó una denuncia ante la Contraloría General de Cuentas (CGC) por el posible uso de fondos públicos para la persecución de ciudadanos guatemaltecos en el extranjero a petición de Ángel Pineda.
"La razón de esta denuncia ante el pueblo de Guatemala y ante la Contraloría General de Cuentas es para solicitar auditoría al Ministerio Público, al Ministerio de Finanzas y a la Procuraduría General de la Nación por la posibilidad del uso de fondos públicos para perseguir a guatemaltecos exiliados", explicó el Secretario General de la Presidencia, Juan José Guerrero.
Según el Secretario, los hechos se registraron a partir del 16 de noviembre del 2021, cuando Ángel Pineda dirigió un oficio al entonces presidente Alejandro Giammattei por medio del cual se solicitó el pago de un bufete de abogados, utilizando como argumento la defensa de los intereses del Estado.
La solicitud presentada por Pineda, actual Secretario General del Ministerio Público, estuvo acompañada por documentos que registraron como evidencia las publicaciones en redes sociales de las personas perseguidas.
Como consecuencia de la solicitud de Ángel Pineda, la entonces Secretaria General de la Presidencia, por instrucciones del presidente Giammattei, ordenó a la Procuraduría General de la Nación a realizar las gestiones para empezar la persecución política, y se instruyó al Ministerio de Finanzas la asignación de Q. 461,600 quetzales mensuales, para el pago del bufete de profesionales.
Según Guerrero, la estrategia del requerimiento de los servicios profesionales del bufete fue sometido a consideración de Consuelo Porras, la Fiscal General.
La petición y denuncia ante la CGC por parte de la Secretaría General de la Presidencia se da en el contexto de otras denuncias y de la relación que ha mantenido la presidencia de Bernardo Arévalo con Consuelo Porras, desde antes de asumir su mandato, y ha sido una constante que ha quedado en evidencia entre los mensajes públicos que han intercambiado ambos funcionarios.
Guerrero explicó que estos hechos se realizaron entre noviembre del 2021 y el año 2022. Por lo que la acción emprendida esta mañana ante la Contraloría tiene como objetivo el esclarecimiento del uso de recursos del Estado.
Lo cual, Guerrero dijo que espera que la institución cumpla con su función y, en consecuencia, denunciar los hechos que deriven de la investigación que se realizará.
"La CGC tiene un mandato y debe velar por la calidad de los usos de los recursos y presentar denuncias cuando sea necesario", puntualizó el Secretario General.
Otras denuncias
La semana recién pasada, el Procurador General de la Nación, Julio Saavedra, junto a Juan José Guerrero presentaron denuncia en contra de la Fiscal General, Consuelo Porras, por posible incumplimiento de deberes.
Esta denuncia se realizó con base en las acciones de la Fiscal General el 29 de enero, cuando de forma abrupta dejó el sitio donde se realizaba la reunión de Gabinete de Ministros.
Además, días antes, durante el primer viaje oficial del mandatario Bernardo Arévalo en Europa, este mencionó en más de dos ocasiones que no estaban conformes con la gestión de la Fiscal, y que no sería él quien habría de despedir a la jefa del MP, que serían las cortes las encargadas de decidir lo que procedería con la Fiscal.
