Un grupo de diputados promueve una ley "mordaza" que castigaría con prisión a quienes critiquen a funcionarios y candidatos políticos.
La propuesta es promovida por los parlamentarios Eva Monte, Delia Bac y Karla Martínez, de Alianza Ciudadana; Estuardo Galdámez, del Frente de Convergencia Nacional; y Dolores Beltrán, del Movimiento Reformador.
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Estos son los puntos principales para comprender las intenciones de estos legisladores:
Crea nuevos delitos
La iniciativa de ley 5519 busca añadirle dos artículos al Código Penal: 407 "P" y el 407 "Q". El primero establecería el delito de "Acoso Político" y el segundo el de "Violencia Política".
Cárcel para los críticos
Según el texto de la propuesta, "quien o quienes realicen actos de presión, persecución y hostigamiento a las personas postulantes, electas, designadas o en el ejercicio de la función política" serán castigados con prisión de dos a tres años e inhabilitación para ejercer un cargo público por un periodo similar al de la condena.
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La "Violencia Política" sería castigada con prisión de dos a cinco años y la cometerían quienes agredan física y/o psicológicamente a los políticos.
Empresas podrían ser cerradas
La propuesta establece que, si el "Acoso Político" fuera cometido por empleados o representantes legales de una empresa, la compañía sería multada con 2 mil a 10 mil quetzales. En caso de reincidencia, la entidad podría ser cancelada.
Si los empleados o representantes legales de una empresa cometieran "Violencia Política", la compañía recibiría una multa de entre 5 mil y 25 mil quetzales. Si existiera reincidencia, sería cerrada.
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Medios de comunicación serían cerrados
La iniciativa de ley no hace ninguna exclusión, por lo que los medios de comunicación recibirían el mismo trato que cualquier empresa.
Esto significa que si algún político considera que una publicación lo "daña psicológicamente" o lo "hostiga", podría denunciarlo.
¿Qué se necesita para ser aprobada?
La propuesta aún no ha sido conocida en el hemiciclo, por lo que tendría que ser leída la próxima semana y luego ser enviada a una comisión. Extraoficialmente, diputados comentan que la sala de trabajo designada sería la de Legislación y Puntos Constitucionales, que preside Fernando Linares Beltranena.
Luego del dictamen de la comisión, si es favorable, la iniciativa regresaría al hemiciclo, donde tendría que ser aprobada con 80 votos en tres debates o con 105 en uno de urgencia nacional.
