Ramazzini, de 31 años, fue víctima de un ataque armado en una discoteca de la zona 6 de la ciudad de Guatemala, en el que también murieron otras tres personas y dos resultaron heridas.
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La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE), de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), condena el asesinato del activista y comunicador Frank Stalyn Ramazzini, e insta al Estado de Guatemala a investigar los hechos de forma completa e imparcial.
En un comunicado, la entidad condena el asesinato del activista Frank Stalyn Ramazzini Véliz el pasado 9 de julio en Guatemala. Insta al Estado a investigar de forma inmediata, completa, efectiva e imparcial este crimen y esclarecer los móviles del hecho.
Además de su labor como defensor de los derechos laborales de los agentes de la Policía Nacional Civil, investigaba y publicaba periódicamente a través de una página en redes sociales información crítica del Gobierno y de elevado interés público, especialmente sobre presuntos casos de corrupción en el Sistema Penitenciario.
El 4 de julio de 2021, había sido nombrado presidente de la Asociación Fiscalizadora Pro Justicia y Derechos Humanos.
Guatemala| La @RELE_CIDH condena el asesinato del activista y comunicador Frank Stalyn Ramazzini en el marco de un ataque armado el pasado 9 de julio en la Ciudad de Guatemala, y urge al Estado a investigar los hechos de forma completa e imparcial https://t.co/D8SF7LW3th pic.twitter.com/nrpf0qaJkw
La REDE indica que el asesinato de Frank Stalyn Ramazzini se presenta en un escenario con adversidades para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión en Guatemala.
En su último informe anual, la Relatoría Especial registró un incremento de agresiones, actos de hostigamiento, declaraciones estigmatizantes y criminalización contra personas comunicadoras.
La Relatoría recuerda que, conforme al principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH, "el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada".
