Diez exdiputados y un miembro de la actual legislatura se benefician con la reciente resolución de la CC.
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Casi dos años después de que la jueza Claudette Domínguez dictó el sobreseimiento del caso de plazas fantasmas en el Congreso, la Corte de Constitucionalidad (CC) confirmó que el proceso queda cerrado.
Los magistrados de ese tribunal emitieron una resolución, con la cual se deja libre de cargos y todo proceso a 11 exdiputados, incluido el expresidente del Lesgislativo Arístides Crespo, así como a varios extrabajadores del organismo.
En su fallo, los togados indican que la Sala que concedió el sobreseimiento en favor de los presuntos implicados actuó conforme a la ley, por lo cual ratificó tal decisión.
El caso
En 2016, el Ministerio Público (MP) y la extinta Comisión Internacional en Contra de la Impunidad en Guatemala (CICIG) presentaron un caso de corrupción que salpicaba a integrantes de la entonces Junta Directiva del Congreso y otros miembros de ese organismo.
Según la acusación, los ahora exdiputados, aprovechando su cargo, avalaron la contratación de varias personas que no se presentaban a trabajar, pero sí cobraban un salario. Por ello, también se implicó a empleados en el caso.
A los exlegisladores se les señaló de abuso de autoridad, nombramientos ilegales y peculado por sustracción.
No obstante, en septiembre de 2022, la jueza Domínguez consideró que el MP no logró comprobar tales irregularidades, por lo cual cerró el proceso contra los acusados. El tema llegó hasta la CC, donde finalmente se confirmó el beneficio.
Los exparlamentarios que se favorecen con este fallo son:
- Arístides Crespo
- Alfredo Rabbé
- Selvin García
- César Fajardo
- Alexander Castillo
- Julio César López Villatoro
- Carlos Herrera Quezada
- Christian Boussinot
- Juan Alcázar
- Marcelino García Chutá
Entre los señalados por propiciar plazas fantasmas en el parlamento también figura el nuevamente diputado Carlos Enrique López Girón, quien logró competir en las pasadas elecciones y ahora es miembro del bloque Valor.
Por este mismo caso, el exdiputado Edgar Cristiani y 10 personas se acogieron a la Ley de Aceptación de Cargos y aceptaron su responsabilidad en actos anómalos.