La situación generada entre la Comisión Permanente del Congreso de la República y los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) subió de tono y las actuaciones han pasado al ámbito del Ministerio Público (MP).
La CC resolvió la noche del lunes 29 de junio certificar lo conducente en el MP "para que inicie las investigaciones permanentes, dentro del ámbito de sus atribuciones, a fin de que proceda conforme la ley", informó en un comunicado emitido a la población.
"Ante el incumplimiento de la Comisión Pesquisidora del Congreso de lo ordenado por este Tribunal en resoluciones de fecha 27 y 29 de junio (...) al no enviar el expediente original del antejuicio 37-2020 (...) la CC certificó lo conducente", se explica en comunicado.
Pasa al ámbito del @MPguatemala el incumplimiento de la Comisión Permanente del Congreso, que no acató la resolución de la CC de devolver el expediente original del antejuicio contra cuatro magistrados de ese organismo.
— Evelyn de León (@evelynndeleon) June 30, 2020
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El expediente de antejuicio al que se refiere es el presentado en contra de los cuatro magistrados de la CC: Neftaly Aldana, Gloria Porras, Francisco de Mata y Bonerge Mejía.
La petición de antejuicio fue promovida por José Roberto Hernández Guzmán, aspirante a magistrado de Sala de Apelaciones.
La petición fue trasladada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) al Congreso donde se integró una Comisión Pesquisidora. Sin embargo esta quedó sin vigencia luego que la CC emitiera un amparo provisional a petición de la Procuraduría de Derechos Humanos, Hellen Mack y Acción Ciudadana.
Para seguir con el trámite del amparo, la CC solicitó el original del antejuicio, el que no ha sido entregado por la Comisión Permanente del Legislativo con el argumento que no está en su poder, sino en la Pesquisidora.
- OTROS DETALLES:
En contexto
El abogado José Roberto Guzmán Hernández solicitó a título personal un antejuicio en contra de cuatro magistrados de la CC, Gloria Porras, Francisco de Mata Vela y Bonerge Mejía, por una supuesta resolución violatoria a la Constitución, revelaciones de secretos, violación de privilegios y violación a la Constitución, por el amparo que ordenó al Congreso de la República tomar en cuenta la investigación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público, para elegir a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Cortes de Apelaciones.
En esta investigación, la FECI señala de supuesto tráfico de influencias entre diputados al Congreso de la República y candidatos a magistrados, para que estos sean electos. Con ello, se pretendía que se tomara en cuenta esto como una cuestión de idoneidad de los magistrados, requisito establecido en la Constitución de la República de Guatemala.
El viernes pasado, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), conformada por suplentes ya que los trece titulares se inhibieron, dio trámite al antejuicio solicitado por Guzmán Hernández en contra de los magistrados de la CC. El procedimiento dictado por la ley establece que se debe conformar una comisión pesquisidora en el Congreso de la República.
La Comisión Permanente del Congreso recibió el expediente del antejuicio y ese mismo viernes conformó la comisión pesquisidora, integrada por los diputados Luis Rosales, Douglas Rivero y Santiago Nájera.
El sábado, la CC resolvió tres amparos, solicitados por diferentes personalidades jurídicas pero que pretendían lo mismo: un amparo contra el proceso de antejuicio. La CC dio con lugar, por lo que ordenó a la CSJ y al Congreso de la República suspender el proceso de antejuicio y entregar los expedientes originales de este proceso. La CSJ envió la información solicitada, mientras que la Comisión Permanente del Organismo Legislativo envió una copia certificada, explicando que el original ya no estaba en su poder sino en la comisión pesquisidora.
Este lunes, la CC otorgó un plazo de tres horas a la Comisión Permanente y a la Presidencia del Congreso para entregar la copia, pero esta no fue entregada. El Congreso hizo su manifiesto de su desacuerdo en que magistrados de la CC sean juez y parte de un antejuicio contra sí mismos, e instó al MP a solicitar el antejuicio contra los tres magistrados de la CC que no se inhibieron.
La CC había advertido que, en caso de no acatar, ordenará lo conducente.
Diferentes sectores de la sociedad se han mostrado a favor y en contra del actuar, tanto de la CSJ, la CC y el Congreso de la República.
- SI NO LO VISTE:
