La lujosa mansión de Manuel Baldizón, ubicada en el residencial La Praga, podría haber sido utilizada como refugio para prófugos según lo dicho por el Ministerio Público en una audiencia donde se ligó a proceso penal a dos empleados del político que fueron capturados en la llamada “Casa Blanca” de Baldizón el pasado 20 de enero.
El fiscal Carlos de León dijo del inmueble: “una residencia con la magnitud como la del señor Manuel Baldizón, permite que personas puedan permanecer ocultas por el tiempo que sea necesario a efecto que evadan la justicia”.
El fiscal se refería a los dos trabajadores de Baldizón: Jhony Josué Valenzuela Mejía y Carlos Gilberto Solórzano Morales, quienes tenían orden de captura y pudieron evadir a la justicia permaneciendo refugiados en la casa donde supuestamente laboraron como jardineros.
Los hombres son cuñados y están involucrados en el caso conocido como Botín en el Registro de la Propiedad, donde la fiscalía los señala de haberse beneficiado con plazas fantasma.
La otra persona que se encontraba al parecer refugiada en la mansión es el diputado Gustavo Medrano, quien acaba de perder la inmunidad por un proceso de lavado de dinero donde también aparece involucrado su papá, el exalcalde de Chinautla, Arnoldo Medrano.
ASÍ ES LA CASA:
Los nexos del PP y Líder para las plazas fantasma
La alianza del Partido Patriota y Líder no solo fue en el Congreso, se ha evidenciado que existió una mancuerna para compartir tratos ilícitos como las plazas fantasma en el Registro de la Propiedad.
Jhony Josué Valenzuea Mejía y Carlos Gilberto Solórzano Morales quedaron ligados al proceso penal Botín en el Registro de la Propiedad y permanecerán en prisión preventiva hasta que el MP concluya la investigación y se discuta si enfrentarán juicio.
Las pesquisas de la fiscalía detallan que la exregistradora de la Propiedad Anabella de León, firmó los contratos laborales con los dos hombres y los informes que presentaron donde hacen constar que prestaron sus servicios en las sedes regionales de Jutiapa y Escuintla, fueron recibidos y el pago autorizado por Samantha Mejía ex jefa de Recursos Humanos del Registro.
Tanto Anabella de León como Samantha Mejía enfrentan juicio por varias plazas fantasma detectadas e irregularidades en la gestión.
Según la fiscalía el nexo de los dos hombres inicia con el padre de Solórzano quien trabajó en el Congreso.
En la casa del padre se localizó una copia enmarcada del título universitario de doctor de Manuel Baldizón y en la habitación del sindicado Carlos Solórzano, se encontró durante un allanamiento, el original de un reconocimiento otorgado al político por un gobernador de Petén: “Existe un nexo con Baldizón” dijo el fiscal.
Valenzuela y Solórzano fueron ligados a proceso sindicados de peculado por sustracción y falsedad ideológica, el juez Sexto de Primera Instancia Penal, donde se desarrolló la audiencia de primera declaración no aceptó la petición de la defensa que pidió ligar a proceso por casos especiales de estafa.
El representante de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), César Rincón, dijo en la audiencia que este caso refleja "graves aspectos que atentan contra la estabilidad económica del país, ya que permiten que personas que no prestan los servicios se apoderen de recursos".
Rincón dijo de Valenzuela y Solórzano "esos recursos fueron a parar a los bolsillos muy seguramente no del señor Solórzano y el señor Valenzuela sino para otras personas que se se beneficiaban de la mayoría de los recursos".
Según la fiscalía y la CICIG el modo de operar en el caso de plazas fantasmas es: contratar a diversas personas, pagar los salarios y al recibir los cheques, estos debían devolver parte del dinero a otras personas de mayor rango.